Con miras a garantizar un suministro energético estable a hospitales, farmacéuticas y otra infraestructura crítica, la Cámara de Representantes aprobó este lunes una medida legislativa que persigue incluir las fuentes derivadas de tecnologías nucleares en la cartera de generación eléctrica de Puerto Rico.
La propuesta es impulsada por los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, Joel Franqui Atiles y Ángel Morey Noble en un intento de diversificar los recursos de energía de bajas emisiones de carbono mediante diseños como los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, los autores explicaron que el Proyecto de la Cámara 1092 solo pretende habilitar un análisis científico sobre la posible función de la energía nuclear como componente suplementario dentro de las metas de energía renovable establecidas en la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019).
“Esto no significa que, una vez sea evaluado por el Senado y sea estampada la firma de la gobernadora, mañana tendremos energía nuclear en Puerto Rico. Esto significa que comenzaría un proceso de evaluación. En las vistas públicas se hablaron de que, muchas veces, esos procesos tardan de cinco a siete años en darles esos permisos”, afirmó Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
Aunque reconoció que las tecnologías nucleares no son fuentes de energía renovables, el legislador defendió la implementación de los SMR como una alternativa más segura, limpia y económica que la generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles.
Franqui Atiles también aseguró que el costo de producción de los SMR podría rondar en menos de 12 centavos por kilovatio hora (kWh), lo que resultaría en un “ahorro sustancial para nuestra gente”. A su vez, mencionó que expertos y académicos del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) consideran el desarrollo de microrredes que generen hasta 300 megavatios como “un beneficio” en caso de emergencias o eventos naturales.
“Estas farmacéuticas, estas grandes industrias, podrían tener microreactores para poder suplir la demanda y constancia de su energía”, expresó Franqui Atiles. “Con este esfuerzo legislativo, reconocemos que el futuro energético de Puerto Rico no puede basarse en la inercia”, añadió.
La pieza legislativa fue rechazada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cuya portavoz alterna Adriana Gutiérrez Colón señaló algunos de los potenciales efectos de este tipo de tecnologías en el medioambiente y en la salud pública.
En el debate, la legisladora destacó que la zona de exposición se extiende hasta 10 millas alrededor de una planta de energía nuclear y hasta 50 millas por ingestión, según trascendió en el proceso de vistas públicas. Otra de sus preocupaciones se basó en la novedad de estas tecnologías que, a su juicio, carecen del estudio requerido para “llegar a una conclusión responsable”.
“Por supuesto que Puerto Rico necesita una transición energética urgente, pero es importante que eso no se confunda con convertirse en excusas para tomar decisiones que sean desacertadas en cuanto a la seguridad energética del país y contrarias a la política pública actual”, manifestó Gutiérrez Colón.
Por su parte, el representante Rodríguez Aguiló reiteró que la medida no alteraría las metas de energía renovables dispuestas en la Ley 17, pero constituye “un paso necesario” para que Puerto Rico no quede rezagado frente a las tendencias internacionales en materia de innovación energética.
Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) votaron en contra de la medida, mientras que los representantes Roberto López Román y José Aponte Hernández se unieron como coautores.
Favorecen actualizar la veda electoral
Por otro lado, la Cámara avaló una medida que pretende clarificar el alcance de las prohibiciones relacionadas al período denominado “veda electoral” en la Ley para el Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011).
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, explicó que el Proyecto de la Cámara 1121 establece “excepciones específicas” que permitan al gobierno cumplir con su deber informativo, sin que ello se interprete como un uso indebido de fondos públicos o provoque un gasto excesivo no justificado.
A su vez, la medida presentada por petición de la Federación de Alcaldes enmienda el Artículo 2.055 del Código Municipal de Puerto Rico para eliminar la prohibición sobre transacciones de personal en aquellos municipios donde el alcalde incumbente resulte reelecto.
Según Méndez Núñez, este cambio facilitará la continuidad administrativa y evitará “retrasos innecesarios” en la gestión gubernamental de los municipios.
“Establecemos un balance entre los gastos sujetos a la veda electoral y aquellos que resultan necesarios para mantener debidamente informada a la ciudadanía, sin que se establezcan procesos burocráticos o complejos”, indicó el líder cameral.
La legislación recibió el voto en contra de las delegaciones del PPD, PIP y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
Otras medidas aprobadas
Entre otras medidas avaladas por el pleno está el Proyecto de la Cámara 835, que busca autorizar la utilización del permiso de vehículos de motor integrado permanentemente en la aplicación CESCO Digital como una herramienta suplementaria o sustitutiva para transitar por las vías públicas.
La legislación, de la autoría de la representante Tatiana Pérez Ramírez, dispone que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá integrar el permiso del vehículo de motor, arrastres o semiarrastres luego de que el conductor haya satisfecho el pago de los derechos correspondientes.
Asimismo, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 1217, que tiene el fin de eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble todo alimento apto para el consumo humano que sea donado a entidades sin fines de lucro autorizadas para operar en Puerto Rico.
La medida del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, incluye bancos de alimentos, comedores sociales, organizaciones comunitarias y otras entidades dedicadas a la distribución de alimentos a personas necesitadas.
La Cámara también respaldó a viva voz la Resolución de la Cámara 675, que solicita a la jueza Laura Taylor Swain rechazar extensiones adicionales al período de mediación en el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La medida presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) propone que la magistrada deniegue estas dilataciones cuando no adelanten “una solución justa, razonable y sostenible”. Además, los legisladores instan que Taylor Swain encamine el proceso hacia una determinación sobre la deuda de la corporación pública.
“El pueblo de Puerto Rico ha esperado suficiente, y no puede continuar manteniendo los costos económicos, sociales y emocionales de una reestructuración que lleva casi una década sin concluir”, reza la exposición de motivos de la medida.
Según los legisladores, los honorarios legales y de asesoría financiera acumulados en el caso durante los pasados años han ascendido a cientos de millones de dólares en recursos que provienen de las arcas públicas.
Durante los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, reconoció al exjugador de Grandes Ligas e inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.
El cuerpo legislativo reanudará la sesión legislativa mañana, martes, a la 1:00 de la tarde.
