Organizaciones ambientales y comunitarias llegaron a manifestarse frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico al señalar que la celebración del Conversatorio Ejecutivo sobre Agregados, Minería y Construcción ocurre en paralelo con la discusión de proyectos legislativos que podrían transformar el sistema de permisos, la planificación territorial y las protecciones ambientales en beneficio de sectores vinculados a la construcción, la minería y el desarrollo inmobiliario.
“Estamos aquí porque este evento no ocurre en el vacío. Mientras la industria minera y de construcción se reúne para hablar sobre permisos y reglamentos, en la Legislatura se discuten medidas que podrían reducir protecciones ambientales, acelerar proyectos y limitar la capacidad de las comunidades para defender sus territorios”, expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club y portavoz de Una Sola Lucha.
Vázquez denunció que la discusión sobre minería, extracción de agregados y construcción está directamente relacionada con las propuestas de reforma al sistema de permisos, los cambios al Plan de Uso de Terrenos, la reglamentación del karso, la ampliación de exclusiones categóricas y las restricciones a la participación ciudadana.
“Nos quieren vender la flexibilización de permisos como desarrollo, pero para las comunidades puede significar menos transparencia, menos fiscalización y menos protección para el agua, los suelos, el karso y los territorios que sostienen la vida en Puerto Rico”, añadió.
Entre las medidas señaladas por los manifestantes figuran el P. del S. 1173, el P. del S. 1183 y el P. de la C. 1213, relacionados con cambios al sistema de permisos. También advirtieron sobre proyectos que impactan la protección del karso, la Zona Marítimo Terrestre y otros instrumentos de planificación territorial.
Una Sola Lucha cuestionó, además, la participación de funcionarios públicos con poder regulador en un evento organizado o auspiciado por sectores que tienen interés directo y se beneficiarían económicamente de las medidas de acelerar permisos y flexibilizar reglas ambientales.
“Cuando funcionarios con poder sobre permisos, planificación y recursos naturales comparten espacios promovidos por los mismos sectores que buscan acelerar permisos y flexibilizar reglamentaciones, es legítimo cuestionar a quién responden realmente las decisiones que afectan nuestro territorio”, destacó Víctor Alvarado, portavoz de Una Sola Lucha.
Alvarado recalcó que lo que se discute en espacios como este puede tener consecuencias directas para comunidades rurales, acuíferos, terrenos agrícolas, zonas ecológicamente sensitivas y el acceso del pueblo a procesos de justicia ambiental.
“Lo que se decida en esos salones puede afectar el agua potable, los suelos y los derechos territoriales de miles de personas. Por eso estamos en la calle. El futuro del país no puede decidirse entre industrias, consultores y funcionarios sin participación real de las comunidades”, puntualizó.
Los portavoces insistieron en que la reforma de permisos, la minería, los ataques a la reglamentación del karso, el debilitamiento de protecciones ambientales y las limitaciones al acceso a la justicia forman parte de una misma agenda política y económica orientada a facilitar el acceso privado al territorio y a los bienes comunes naturales del archipiélago. Recalcaron que la defensa del ambiente también es una defensa de la participación ciudadana, la planificación territorial y el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de los lugares que habitan.
Los grupos adelantaron que continuarán desarrollando espacios de educación pública sobre las medidas en discusión. Como parte de esos esfuerzos, el próximo 9 de junio a las 6:00 p.m. se celebrará un panel sobre la reforma al sistema de permisos en las oficinas del Sierra Club Puerto Rico en Río Piedras, en colaboración con la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. El panel contará con la participación de Pedro Saadé, Mariana Nogales y Leonela Torrado.
