La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó el proceso de vistas públicas para evaluar el presupuesto de gastos vigente y el recomendado preliminar para el Año Fiscal (AF) 2026-2027. En esta ocasión compareció el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Irving I. Rodríguez Torres, junto a los componentes de la agencia, cuyo presupuesto vigente asciende a $43.4 millones.
Rodríguez mencionó que la propuesta presupuestaria contempla las operaciones del DA y sus agencias adscritas bajo el Plan de Reorganización 4-2010, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”. Entre estas entidades se encuentran la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la Autoridad de Tierras (AT), la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA) y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).
El secretario informó a la Comisión que el presupuesto consolidado vigente del DA para el AF 2025-2026 asciende a $43.4 millones, fondos que han permitido cumplir con metas programáticas y operacionales, fortaleciendo iniciativas esenciales que impactaron directamente a los agricultores. Estos recursos provienen del Fondo General, fondos de ingresos especiales y fondos federales.
Por otro lado, el presupuesto consolidado recomendado para el AF 2026-2027 asciende a $42.8 millones, con el propósito de continuar apoyando el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del sector agropecuario en Puerto Rico. Sin embargo, detalló que el presupuesto solicitado del Fondo General para el AF 2026-2027 asciende a $58.2 millones. A esta cantidad se suman $3.6 millones en ingresos propios y $947 mil en fondos federales, para un presupuesto consolidado total de $62.8 millones.
Asimismo, la agencia explicó que los ingresos especiales proyectados para el próximo AF aumentan de $3.4 millones a $3.6 millones, provenientes de servicios e inspecciones agrícolas, licencias de importación, multas administrativas, registros relacionados con plaguicidas, análisis de laboratorio y pruebas de ADN a caballos de paso fino, entre otros. De igual forma, los ingresos propios incluyen recaudos por penalidades regulatorias, contribuciones especiales a productos agrícolas y servicios de muestreo y análisis, conforme a la Ley 91-2001 que creó el Fondo Especial para el Control de Enfermedades y Plagas en las plantas.
En el tema de fondos federales Rodríguez explicó que está compuesto por diversas subvenciones otorgadas por agencias federales, entre ellas: Plant and Animal Disease, Pest Control, and Animal Care, Inspection Grading and Standardization, Agricultural Statistics Report, Environmental Protection Consolidated Grants Program Support, Consolidated Pesticide Enforcement Cooperative Agreements y Pesticide Certification Program Grants. “Estos recursos están destinados a financiar iniciativas relacionadas con el control y prevención de enfermedades en animales, la fiscalización del cumplimiento de las leyes de plaguicidas, la certificación de aplicadores de plaguicidas y el proceso de registro de los plaguicidas utilizados en las fincas, entre otras actividades programáticas”, añadió el secretario.
Padilla preguntó cómo compara el presupuesto consolidado vigente con el recomendado. El secretario respondió que “si lo miramos prácticamente la tendencia a la baja en cada una de las áreas, las dos corporaciones se quedan igual, FIDA tiene un aumento y CSA se queda igual. El mayor cambio es en ADEA con $918 mil. En ADEA específicamente es porque son $35 mil dólares para el pago de agua. El otro cambio es en el DA son $595 mil. Rodríguez añadió que tienen el dinero para respaldar a los agricultores.
Igualmente, la senadora preguntó sobre las prioridades principales para el próximo AF en la agencia. Rodríguez dijo que tienen un plan de gobierno con 15 iniciativas agrícolas y hay dos para resaltar. La automatización del DA, “llevamos años hablando de conectarnos con las regiones agrícolas, para el 2027 tendremos un sistema de comunicación en esa dirección. Lo segundo en las visitas a los agricultores es el problema de mano de obra en Puerto Rico. Es mano de obra que necesita un conocimiento específico y vamos a estar trabajando con personas confinadas mediante un acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). También, en los municipios de Las Marías y Maricao vamos a traer inmigrantes. El proceso ya está adelantado”.
En un turno, la senadora y vicepresidenta de la Comisión, Wandy Soto Tolentino, señaló que ha recibido inquietudes de agricultores sobre los seguros y si tiene algún costo. El licenciado Javier Rullán de la CSA, respondió que parte de esa inquietud deriva en que muchas veces los agricultores no están asegurados por completo, “porque nosotros somos dos agencias que trabajamos de la mano. Farm Service Agency y la CSA trabajan de la mano en lo que se llama el safety network para que el agricultor tenga un remedio en cualquier evento atmosférico que reciba”.
Asimismo, Soto preguntó cuántas cuerdas de terreno tienen disponible por municipios para nuevos agricultores. La agrónoma Helga Méndez, directora ejecutiva de la AT dijo sobre las fincas que le está traspasando el Farm Service Agency. “Estas ascienden a un total de 141 mil cuerdas de la AT. Entre estas tenemos 87 mil aproximadamente en el programa de la AT de Bienes Raíces. Tenemos 53 mil en las fincas familiares y las 3,400 que van a estar entrando con las fincas que nos están transfiriendo el USDA”, repasó Méndez, añadiendo que hay más procesos de adquisición de fincas.
También, Soto preguntó sobre el proceso de disponibilidad de las asignaciones que otorgan a los municipios si está contemplado en el presupuesto solicitado el personal para agilizar estos asuntos. “Este año he estado solicitando especialmente para el del Programa de Infraestructura Rural, siete personas que son en adición a las que tenemos por el volumen de peticiones. En este presupuesto, muy responsablemente, se pidieron $13.1 millones y $12.5 millones”, añadió Méndez.
Por su parte el expresidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, preguntó sobre el acuerdo con el Departamento de Corrección referente al pago de la seguridad para que los confinados trabajen. Rodríguez respondió que hay un segundo acuerdo en conversaciones con la agencia para usar lo que llaman Las Casitas en Arecibo, para que los confinados puedan salir a trabajar y regresar a dormir a ese lugar. En esa dirección, dijo que están verificando con subvenciones de fondos federales para que el DA pueda correr con el gasto de seguridad y el del uso de Las Casitas para restaurarlas.
La senadora de minoría, María de Lourdes Santiago Negrón, solicitó a la AT que explicara el proceso sobre las revisiones de cánones, si son automáticas o por disposiciones reglamentarias. Méndez respondió que las guías de cánones no se han cambiado desde el 2016. “Las mismas fueron establecidas por un economista que llevó un trabajo amplio por un término y determinaron los cánones de cada una de las fincas. Recientemente a la Junta de Gobierno, esta servidora le solicitó a través de un memorial que me dieran la oportunidad de enmendar las mismas y traerlas al mercado actual y cómo está el arrendamiento en el mercado”, explicó Méndez.
