El representante por acumulación Ramón Torres catalogó como “inaceptable y desconectada de la realidad” la expresión de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien afirmó hoy que “una política pública de trabajo remoto no se está contemplando”, pese a que ya existe una ley vigente que lo establece como política pública obligatoria para el Gobierno Central.
Torres reaccionó a reportes de prensa, en que la mandataria descartó tanto la eliminación temporera de la crudita como la activación del trabajo remoto para empleados públicos, aun cuando el costo de la gasolina continúa golpeando el presupuesto de miles de familias puertorriqueñas.
“Es alarmante que la Gobernadora desconozca la ley. La Ley 36‑2020 es clarísima: el teletrabajo ya es política pública del Gobierno de Puerto Rico y es compulsorio para todas las agencias del Gobierno Central. No es una idea nueva, no es una ocurrencia, no es una propuesta en evaluación. Es ley vigente, aprobada hace seis años, y su incumplimiento le está costando dinero al pueblo”, sentenció Torres.
El legislador recordó que el Artículo 2 de la Ley 36‑2020 establece que el teletrabajo es una opción laboral para todo empleado gubernamental que cualifique, con el fin de agilizar procesos, reducir gastos y ofrecer mayor flexibilidad laboral. El Artículo 3, además, dispone que su implantación es compulsoria para las agencias del Gobierno Central.
“Mientras la gasolina sigue subiendo y la gente tiene que escoger entre llenar el tanque o pagar la compra, la Gobernadora decide mirar hacia otro lado. No activar el teletrabajo es fallarle al país, es ignorar una herramienta que ya existe y que puede generar ahorros inmediatos para miles de empleados”, añadió.
Torres reiteró que un empleado que teletrabaje un solo día a la semana puede ahorrar entre $64 y $98 mensuales, según estimaciones basadas en gastos de gasolina, peajes, estacionamiento y alimentación fuera del hogar.
“Este gobierno no puede seguir operando a base de improvisación o desconocimiento. La ley está escrita, está vigente y obliga al Ejecutivo a actuar. Lo que falta no es legislación: lo que falta es voluntad. Y la falta de voluntad, en este momento, se traduce en más gastos para la gente trabajadora”, concluyó.
