El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, rechazó los señalamientos públicos realizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre un supuesto incumplimiento en la entrega de documentación relacionada con procesos administrativos, al tiempo que reafirmó el compromiso de la agencia con la transparencia, el cumplimiento y la comunicación constante con el organismo federal.
En una carta dirigida al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el titular de Educación expresó preocupación por la caracterización pública realizada por la Junta, señalando que la misma no refleja el historial de reuniones, intercambios técnicos y entrega de documentos que el Departamento ha sostenido de manera consistente durante los pasados años.
“El récord demuestra claramente que el Departamento de Educación ha mantenido comunicación constante y transparente con la Junta de Supervisión Fiscal. Hemos participado de reuniones regulares, respondido solicitudes de información y compartido documentación relacionada con los procesos operacionales y fiscales del Departamento”, expresó Ramos Parés.
Como parte de la respuesta oficial enviada por el Departamento, se incluyó además un extenso anejo con tablas y documentos que detallan múltiples gestiones, solicitudes atendidas y datos provistos a la Junta Fiscal desde enero de 2025 en áreas administrativas, académicas, fiscales, de seguridad, infraestructura y educación especial. La respuesta del Secretario hace nota de que estas tablas contienen solo una muestra de las respuestas a las cientos de peticiones que ha hecho la FOMB.
Entre la información suministrada por el Departamento se encuentran reportes relacionados con matrícula estudiantil, asistencia, oferta académica y vocacional, organización escolar, seguridad escolar, incidentes reportados, distribución de recursos, contratos de mantenimiento, reparaciones de escuelas, análisis de costos operacionales, nómina, procesos de reclutamiento, educación especial y múltiples métricas operacionales utilizadas para la toma de decisiones fiscales y administrativas. Los mismos documentos han sido discutidos y analyzados desde inicios del 2025, en mesas de trabajo entre ambas entidades para confeccionar lo que se conoce como el presupuesto basado en estudiante (“student based budget”).
Las tablas incluidas en el anejo también reflejan fechas específicas de entrega de información y documentación sometida por el Departamento como parte de los procesos de comunicación técnica y cumplimiento continuo con la Junta de Supervisión Fiscal.
“El Departamento ha sido consistente en la entrega de información y en sostener un diálogo técnico con la Junta. Por eso, nos preocupa profundamente que se proyecte públicamente una falta de transparencia que no corresponde al historial real de comunicación y colaboración entre ambas entidades”, sostuvo el secretario.
Ramos Parés explicó además que el proceso de organización escolar señalado por la JSF no constituye una acción nueva ni extraordinaria, sino un procedimiento operacional recurrente, regulado y conocido por el ente fiscal desde hace años.
“El proceso de organización escolar está reglamentado desde 2020 y forma parte de los mecanismos administrativos ordinarios para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema educativo. Sugerir que se han implementado políticas ocultas o no divulgadas con impacto fiscal carece de contexto y no refleja la realidad del proceso”, añadió.
El secretario reiteró que el Departamento continuará colaborando y cumpliendo con los requerimientos aplicables bajo PROMESA y otros marcos regulatorios, pero hizo un llamado a que las futuras comunicaciones públicas reflejen de manera precisa el historial de colaboración y los esfuerzos técnicos realizados por ambas partes.
“El Departamento de Educación mantiene firme su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los procesos administrativos y fiscales en beneficio de nuestras escuelas y estudiantes”, concluyó Ramos Parés.
