Una vez más la gobernadora Jenniffer González Colón cumple con los miembros de la Policía de Puerto Rico, en esta ocasión con una nueva estructura y la primera revisión en diez años de la escala salarial, que les hace justicia a los policías y ayuda a reclutar más agentes de ley y orden y con un pago especial que se les hace a los retirados de la Policía conforme a la Ley 40 del 2020.
“Estamos realizando todos los trámites necesarios para asegurarnos que, comenzando el 1 de julio de 2026, la revisión de las escalas salariales ya se encuentra implementada. Para atender de manera efectiva los retos de reclutamiento y retención, hemos enfocado los esfuerzos en revisar y mejorar las escalas salariales de todos los rangos. Por lo tanto, resulta indispensable implementar una estructura salarial competitiva y alineada al mercado que fortalezca tanto la atracción de nuevos candidatos como la permanencia del personal activo”, expresó la mandataria acompañada del superintendente de la Policía Joseph González y el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda.
Este dinero adicional en el bolsillo de los policías se suma a la rehabilitación los cuarteles alrededor de la isla, de la entrega de uniformes por primera vez desde el 2014, con entrega de materiales, armas, recursos, equipo y vehículos modernos como patrullas y helicópteros.
“Mi palabra vale. El Pueblo me dio el privilegio de servir y yo les estoy cumpliendo. Hoy cumplo y le hago justicia a nuestros pensionados y un aumento digno para nuestros policías. Puerto Rico lo está viendo, hoy Puerto Rico puede validar que estamos trabajando y cumpliendo con lo importante. Hay mucho ruido concertado, pero yo estoy concentrada en mi compromiso con el Pueblo. A mí el ruido no me molesta… me Reta. Yo no estoy haciendo esto en año electoral, lo estoy haciendo como un asunto prioritario de mi”, dijo la gobernadora.
El problema estructural persiste: el reclutamiento y la retención de personal requieren una revisión integral de la escala salarial alineada al mercado, así como el establecimiento de guías claras de progresión desde el punto mínimo hasta el máximo de cada rango. Esta falta de coherencia se evidencia en casos donde rangos de menor jerarquía perciben compensaciones superiores a las de rangos de mayor nivel. Mientras no se atienda esta falla estructural en las escalas salariales, se seguirá escuchando cuatrienio por cuatrienio el problema de personal de oficiales de rango. La propuesta de la gobernadora cambia eso.
Bajo la propuesta de revisión de las escalas salariales, se establecen ajustes significativos en todos los rangos. Un cadete, que anteriormente iniciaba con un salario base de $1,818.00, pasará a comenzar en aproximadamente $2,296.00. Al completar su formación y ascender a agente, el salario inicial, que era de $2,860.00, se ajusta a un rango que inicia en $3,612.84 y puede alcanzar hasta $4,516.00.
En el caso de los sargentos, el salario base aumenta de $3,166.00 a un rango entre $3,974.12 y $4,967.66. Para el rango de teniente segundo el salario inicial se eleva de $3,685.00 a un rango entre $4,371.00 y $5,464.00 y para el rango de teniente primero el salario base de $4,494.00 aumenta de $4,808.00 a $6,010.00 Asimismo, para el rango de Capitán el salario base aumenta de $4,592.00 a un rango de $5,289.00 a $6,611.00 y el rango inspector, el salario inicial aumenta de $4,967.00 a un rango entre $5,818.51 y $7,273.14.
En los rangos de comandante y teniente coronel, el salario base se incrementa de $5,306.00 a un rango entre $6,136.71 y $9,205.07. Finalmente, para el rango de coronel, el salario base pasa de $6,216.00 a un rango que comienza en $7,766.78 y puede alcanzar hasta $10,355.71.
A modo de referencia, la actualización de las escalas refleja diferencias potenciales de hasta aproximadamente $9,000 anuales en el rango de agente, $9,697 en teniente, $10,218.12 en capitán y hasta $23,408 en coronel. Estas cifras representan el efecto de la reconfiguración de las escalas —particularmente en sus puntos mínimos y máximos— y estarán sujetas a criterios de implementación, disponibilidad presupuestaria y evaluación administrativa.
Por más de una década, distintas administraciones han intentado atender la problemática de la reducación de miembros de policías mediante la aprobación de leyes especiales que disponen aumentos salariales, generalmente expresados como porcentajes, para los puestos de oficiales ocupados. Sin embargo, estas medidas han aplicado al oficial activo y no ha atendido el poder tener una base atractiva para reclutar y retener.
“No podemos fortalecer la seguridad sin fortalecer la policía y eso es lo que estamos haciendo hoy. Esta cifra esto no es solamente cifra, esto es el pueblo de Puerto Rico, diciéndole a ustedes que se valora, se valora su sacrificio, su dedicación, su trabajo, ustedes se merecen esto y mucho más. Esto no va a parar. Vamos a seguir luchando para todo lo que mencionó la Gobernadora sobre mejores condiciones, todo el equipo necesario para hacer el trabajo”, expresó el Superintendente de la Policía.
“En el presupuesto para el año fiscal 2027 se han identificado $28 millones para viabilizar la implementación de las nuevas escalas salariales sin incrementar el presupuesto. Adicional, se contemplan $18 millones dentro de la asignación de la Reforma del Servicio Público dirigidos a desarrollar e implantar guías de compensación aplicables a todos los rangos oficiales. Estos recursos están orientados a establecer una estructura retributiva más ordenada, consistente y alineada con criterios de mercado y sostenibilidad fiscal”, explicó el director ejecutivo de OGP.
“La seguridad de nuestras facilidades portuarias es vital ante los retos de la tercera década del siglo 21. Participar de la culminación de un proceso que inició hace varios años con el Proyecto de la Cámara 819, el cual se convirtió en la Ley 172-2024, con la graduación de la primera academia de ocho policías portuarios es celebrar un logro importante para Puerto Rico. Agradezco a la Gobernadora, así como al superintendente de la Policía, Joseph González por hacer posible esta realidad. Igualmente quiero reconocer a los 1 nuevos inspectores de juegos quienes cumplirán con una tarea importante, la fiscalización detallada de estas plataformas. Hoy es un día muy relevante para la seguridad de la Isla”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez.
“Ustedes se sacrifican por Puerto Rico, se sacrifican por nuestra gente. Ya es hora de que sean los primeros en esta retribución del presupuesto de este año fiscal”, expresó González Colón.
Junta de Retiro inicia proceso para reclamo de beneficios del Fideicomiso para el Retiro de la Policía de Puerto Rico
Tras lograr los depósitos suficientes para poder cumplir con la primera distribución de los activos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, la gobernadora junto al director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, anunció, que el próximo primero de mayo dará comienzo al proceso para que aproximadamente 2,752 policías elegibles soliciten y reciban un beneficio complementario para su retiro.
“Luego de 6 años de firmada la Ley, y gracias al trabajo realizado por la Junta de Retiro, AAFAF y la Policía de Puerto Rico, hoy anunciamos que este año por primera vez daremos el pago especial a los policías retirados según establecido en el Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
La Ley 40-2020 “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez creó un fideicomiso, cuyos fondos serán transferidos a este por la Comisión de Juegos con el objetivo de proveer apoyo económico a los policías elegibles luego de su retiro.
Ortiz Miranda informó, que “el pago se efectuará el próximo, 30 de junio de 2026 y representa un acto genuino de justicia para quienes dedicaron su vida a proteger a nuestra gente. El mismo, beneficiará alrededor de 2,752 policías elegibles y cuyo impacto económico se estima en cerca de $7.3 millones”.
“Este Fideicomiso representa una reivindicación histórica para aquellos agentes retirados posterior al 1 de julio de 2013, independientemente de la ley de retiro vigente al momento de su reclutamiento, cuyos beneficios fueron trastocados por la Ley 3 de ese mismo año, reduciendo sus pensiones y afectando su seguridad económica”, sostuvo el titular de Retiro.
Son elegibles, los policías retirados al 30 de abril que se hayan retirado a partir del 1 de julio de 2013, con al menos 55 años de edad y 30 años de servicios. También, los que se hayan retirado con 58 a 62 años de edad sin completar los 30 años de servicios debido a la edad que tenían en el momento que ingresaron a la fuerza policiaca o debido a las interrupciones en el servicio que no exceda 2 años.
“Agradecemos el compromiso de la gobernadora Jenniffer González, por lograr el comienzo de este beneficio que hace justicia a nuestros policías retirados, así como a la Comisión de Juegos, a la Policía de Puerto Rico, entidades que los representan y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) por todo su compromiso, dedicación y esfuerzo durante este proceso”, indicó el titular de Retiro.
Durante el día de hoy, se anunció además que el 1 de mayo, estará disponible en la página de la Junta de Retiro: www.retiro.pr.gov , la plataforma electrónica denominada “Fideicomiso para el Retiro de la Policía”.
Toda solicitud se deberá radicar electrónicamente en el portal. En el mismo, el policía retirado o su representante deberá solicitar su beneficio. Es importante señalar que aquel policía retirado que no cuente con equipo computadorizado para radicar la solicitud podrá visitarnos para asistencia o escribirnos a: fideicomisopolicia@retiro.
En la conferencia de prensa estuvieron junto a la gobernadora y los directores ejecutivos de la Autoridad de los Puertos y de la Comisión de Juegos, la secretaria de Estado Rosachely Rivera, el superintendente de la Policía Joseph González, el presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, la alcaldesa de Gurabo Vimarie Peña, los presidentes de las comisiones de seguridad tanto del Senado como de la Cámara Gregorio Matías y Félix Pacheco, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Orlando Rivera y el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda.
