En su primera vista pública como secretario nominado del Departamento de la Vivienda, el licenciado Luis Martínez Román recomendó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes un aumento presupuestario para el próximo año fiscal de $1,012 millones, que se concentran en la partida de fondos federales.
El titular designado indicó que el incremento considera los desembolsos del gobierno federal conforme al comportamiento de los programas, el cierre (close out) de algunos y la apertura de otros, por lo que este presupuesto puede variar de acuerdo con la evolución de estos factores.
Para el año fiscal 2026-2027, que comienza el 1 de julio, el presupuesto global que recomendó la agencia asciende a $3,288 millones, de los cuales aproximadamente 98.8 %, que equivalen a $3,248 millones, provienen de fondos federales.
“Con relación a los proyectos que estamos corriendo, gran parte de los fondos que se utilizan para el manejo de ellos provienen del gobierno federal, así que por esa área estamos cubiertos. Obviamente, nuestra responsabilidad es gastar y obligar”, detalló Martínez Román, quien asumió la dirección de la agencia el pasado 16 de marzo.
Martínez Román aseguró a preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea, que el 86 % de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés) por los huracanes Irma y María están obligados.
El abogado de profesión informó que esta cifra representa $10 mil millones comprometidos, de los cuales Vivienda ha desembolsado al 31 de marzo de 2026, alrededor de $5.1 mil millones o el 51 %. Para el 2028, la totalidad de las subvenciones federales disponibles deberán estar obligadas, puntualizó.
Su prioridad para los siguientes años fiscales, agregó, será “garantizar que cada uno de esos proyectos que están vislumbrados, y que ya están formalmente obligados, se materialicen”. “En cuestión de la totalidad de los fondos, estamos bien cerca al 100 por ciento a obligarlos”, afirmó.
El cuanto al Fondo General, el secretario interino peticionó una asignación de $26.7 millones, mientras que contempla una partida de $13.5 millones de ingresos propios y especiales para completar el presupuesto que necesita Vivienda.
No obstante, mencionó que los fondos especiales estatales al amparo de la Ley 173-1996, que administra el programa de subsidios para el arrendamiento de personas de 60 años o más con ingresos bajos, no fueron incluidos en el presupuesto recomendado.
Según detalló Martínez Román, solo contempla la cantidad de $2.3 millones para este propósito, por lo que está en comunicación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que la partida sea ajustada a $12.5 millones. El abogado explicó que este programa permite que adultos mayores puedan sostener un arrendamiento adecuado mediante un subsidio mensual y prevenir desplazamientos para esta población “altamente vulnerable”.
“El diseño del programa no es discrecional. Responde a un esquema de financiamiento claramente establecido por ley, el cual contempla una asignación fija anual de $10 millones, así como hasta un 15 % de las ganancias netas de la Lotería”, comentó Martínez Román.
El representante Charbonier Chinea adelantó que la comisión legislativa -que aún está en la etapa del borrador del presupuesto- tiene “bastante flexibilidad” para conseguir los fondos necesarios para cubrir esta petición de los $909 millones en ahorros que han sido anunciados por el gobierno.
El legislador también se mostró positivo de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avale la asignación de $554 millones que requeridos para proveer el cheque de alivio contributivo a los contribuyentes.
“Cada ahorro que se pueda identificar aquí, vamos a destinarlo a cubrir ese dinero que hace falta, a una posible Reforma Contributiva, y a crear estos fondos que sé que la Junta los va a pedir”, dijo Charbonier Chinea.
Niegan venta de residenciales
Por su parte, el director de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Juan Rosario, rechazó la supuesta venta de residenciales en Puerto Rico como parte de nuevas regulaciones que han sido propuestas por el gobierno federal.
“No existe ningún pronunciamiento en cuanto a la venta de nuestros 328 residenciales públicos y nuestras nueve égidas, así que eso es totalmente falso”, manifestó Rosario, al asegurar que se reúne semanalmente con personal del Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés).
“No vamos a establecer límite de tiempo. No vamos a establecer que las personas tengan que trabajar… Estamos enfocándonos en continuar trabajando para la creación de nueva vivienda para poder atender a las personas que tenemos en lista de espera”, expresó.
Para el año fiscal 2026-2027, la AVP solicitó un presupuesto de $762.7 millones, de los cuales una partida de $5.8 millones en fondos estatales será destinada para cubrir la nómina de 10 proyectos de vivienda pública completados.
