El gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, impulsa un proyecto de canalización como solución a las inundaciones urbanas. Sin embargo, este proyecto se basa en una Declaración de Impacto Ambiental obsoleta —de la década de lo 1980 – y ha avanzado sin garantizar un proceso participativo, transparente y vinculante.
Esto no es solo un asunto de algunas comunidades. Es un asunto de país.
Nos obliga a cuestionar si vamos a seguir respondiendo a la crisis climática con la destrucción de nuestros sistemas naturales o si apostamos por soluciones sostenibles.
Estudios recientes realizados en comunidades de la cuenca reflejan una clara preocupación ciudadana: la mayoría expresa desconfianza en el proyecto y en los procesos de participación llevados a cabo.
Por eso estamos aquí. Porque llevamos años documentando, proponiendo y exigiendo alternativas. Y porque, hasta ahora, esos reclamos no han sido escuchados.
Hoy nos unimos comunidades como Puerto Nuevo, Reparto Metropolitano, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos, University Gardens, Las Américas y Nemesio Canales y mas de 20 organizaciones de base comunitaria para denunciar el avance acelerado de este proyecto sin garantías de transparencia ni participación real.
Este proyecto de 7 contratos ya está en ejecución. Las obras correspondientes al Contrato 2 han comenzado en el área del puente de la avenida Roosevelt, y se proyecta que la próxima fase (Contrato 3) —desde la calle 25 NE hasta la zona norte del Parque Luis Muñoz Marín— inicie tan pronto como este verano de 2026.
Las intervenciones arriba propuestas implican duplicar el ancho del canal con estructuras de hormigón y eliminar completamente la vegetación ribereña. Esto transformaría de manera irreversible el ecosistema del río y el entorno comunitario.
Pero lo más preocupante no es solo el impacto ambiental. Es el proceso.
Las decisiones ya han sido tomadas sin la participación efectiva de las comunidades. El diálogo se plantea cuando ya los contratos están adjudicados, cuando no hay margen real para influir.
Eso no es participación. Eso es imposición.
Durante años, las comunidades, junto a profesionales en diversas disciplinas, hemos señalado fallas críticas:
- Se está utilizando un análisis de impacto ambiental obsoletodel 1984.
- No existe transparencia sobre la relación costo-beneficio del proyecto ni claridad sobre los costos necesarios para su mantenimiento a largo plazo.
- Se ignoran los impactos reales y prolongados sobre las comunidades, que enfrentarán entre cinco a diez años de construcción con consecuencias directas sobre su salud, movilidad, seguridad y calidad de vida.
- Este proyecto no solo transforma un río. Impacta comunidades vivas. Afecta hogares, desplaza dinámicas sociales y compromete el bienestar de generaciones.
La proyección de desplazamientos aproximada es de 150 a 300 familias en comunidades como Reparto Metropolitano. Esto, bajo el falso alegato y, juego semántico, de que son “adquisiciones” y no “expropiaciones”. Un alegato desmentido a través de expresiones propias del Director del Proyecto, en USACE, durante una entrevista en medios en septiembre 2023.
En el caso de las expropiaciones en la calle 25 NE, en vistas públicas recientes, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, ofreció datos falsos sobre estos procesos al decir que “no hubo expropiaciones en Puerto Nuevo”, lo que quedó desmentido en los propios documentos sometidos por su agencia a la Comisión de Bienestar Social y Adultos Mayores y que claramente demuestran que hubo varios casos que terminaron en el tribunal.
Desde Puerto Nuevo afirmamos con claridad: no se puede justificar un proyecto de esta magnitud basado en datos falsos y sin actualizar, sin evaluación rigurosa y sin la participación real de quienes serán directamente afectados.
También hablamos desde las comunidades aguas arriba con una certeza clara: el río es uno. Y lo que ocurre en un tramo afecta a toda la cuenca.
Nos oponemos a este proyecto porque no resuelve el problema de fondo, porque sus impactos serían profundos y porque entendemos que es innecesario.
La canalización convierte un río en una estructura de desagüe: una cuneta de hormigón diseñada para mover el agua más rápido hacia la desembocadura.
Ese es su único propósito.
Pero un río es mucho más que eso. Es un sistema vivo. Es biodiversidad. Es recarga de acuíferos. Es conexión de monte a mar. Y destruir esa complejidad no es un buen intercambio.
Las inundaciones en San Juan responden en gran medida a un sistema pluvial obsoleto, mal diseñado o sin mantenimiento adecuado. Este proyecto no atiende esa raíz del problema.
Tampoco incorpora adecuadamente los efectos del cambio climático. No considera escenarios como el aumento del nivel del mar ni el choque entre marejadas ciclónicas y el flujo del canal durante eventos extremos de lluvia.
Además, este proyecto no fue desarrollado con una visión integrada de la cuenca. Ignora los ecosistemas que impacta, las comunidades que afecta y el valor de lo que se pierde.
Canalizar el río significa también: interrumpir la migración de especies nativas,
afectar la biodiversidad, y comprometer la capacidad del sistema para sostener vida. Significa perder un refugio climático. Menos sombra. Más calor. Menos resiliencia ante sequías.
Y, aun así, no existe evidencia clara de que las fases adicionales del proyecto sean necesarias. La intervención inicial en el Canal de Puerto Nuevo —realizada tras el Huracán Hortensia— ya mejoró el flujo del río hacia la bahía. Pero no hay estudios concluyentes que justifiquen continuar ampliando el proyecto. Y aun así, se insiste en avanzar.
Además, nuevamante enfatizamos… el mantenimiento de esta infraestructura será costoso y permanente y recaerá sobre el pueblo de Puerto Rico.
En fin, las comunidades tenemos conocimiento, experiencia y propuestas alternas. Pero ese conocimiento ha sido ignorado. Por eso hoy levantamos nuestra voz.
Ante toda esta realidad, exigimos al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como auspiciador local del proyecto:
- La paralización inmediata del proyecto.
- Atender el problema de manejo de inundaciones con transparencia, responsabilidad, apertura a alternativas sostenibles y una visión de manejo integrado de la Cuenca
- Una Declaración de Impacto Ambiental actualizada y un informe claro de costo-beneficio y costo-efectividad
- Y, la protección al derecho a vivienda y a un trato sensible y digno.
Porque las comunidades no estamos desinformadas.
No estamos confundidas.
Estamos organizadas.
Y estamos preparadas.
Hoy hablamos con una sola voz. Una voz clara. Una voz firme.
¡La canalización NO es la solución!
