En un desarrollo significativo dentro del pleito radicado contra la Comisión de Juegos de Puerto Rico, un grupo de operadores de máquinas en ruta logró que, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el organismo gubernamental admitiera que todavía existen licencias disponibles bajo el marco regulatorio vigente, un señalamiento que cobra particular importancia en momentos en que comerciantes históricos denuncian que la agencia se ha negado a recibir y procesar sus solicitudes.
La admisión se produjo durante la vista argumentativa relacionada con el recurso judicial presentado por estos operadores, quienes reclaman que la Comisión ha actuado de forma inconsistente al cerrarles el paso a solicitantes con trayectoria en la industria, aun cuando el máximo de licencias autorizadas por ley no se ha agotado.
“Lo más importante de esta vista es que quedó claramente establecido que las licencias no se han acabado. La propia Comisión tuvo que admitir en el Tribunal que todavía existen licencias disponibles. Eso es medular, porque desmonta cualquier intento de justificar la negativa a recibir y evaluar las solicitudes de nuestros representados”, expresó el Lcdo. Frank Torres Viada, portavoz de los demandantes.
De acuerdo con lo discutido en sala, aunque la ley contempla hasta 25,000 licencias, al presente se han otorgado cerca de 23,000, por lo que aún habría espacio para atender solicitudes pendientes dentro del marco legal vigente.
Para Torres Viada, esa admisión valida uno de los planteamientos centrales del recurso presentado ante el Tribunal: que no existe una base legítima para mantener fuera del proceso a operadores históricos que buscan regularizarse y cumplir con la ley.
“Si todavía quedan licencias disponibles, entonces corresponde que la Comisión cumpla con su obligación ministerial de recibir, evaluar y procesar estas solicitudes. Aquí no puede haber discreción arbitraria ni puertas cerradas para unos, mientras a otros sí se les permitió entrar al proceso”, sostuvo el licenciado.
El recurso radicado por los demandantes busca que el Tribunal ordene a la Comisión de Juegos aceptar y tramitar las solicitudes de licencia de estos comerciantes, muchos de los cuales formaban parte de la industria previo a la implantación del nuevo esquema reglamentario.
Según se planteó, el reclamo no persigue un trato especial, sino la aplicación correcta y uniforme de la ley, particularmente en cuanto al derecho que alegan tener operadores históricos a ser considerados dentro del proceso de licenciamiento.
“La controversia nunca ha sido si estos comerciantes quieren operar al margen de la ley. Todo lo contrario. Lo que han reclamado desde el principio es la oportunidad de cumplir, de entrar al proceso y de ser evaluados conforme a las reglas vigentes. La admisión hecha en el Tribunal fortalece ese reclamo”, añadió Torres Viada.
El abogado también subrayó que las consecuencias de esta controversia van más allá de los operadores demandantes, ya que impactan directamente a pequeños y medianos comerciantes en toda la Isla que dependen de esta actividad económica como apoyo para sus negocios.
“Detrás de este caso hay comerciantes de carne y hueso, hay negocios de comunidad, hay familias que dependen de que el proceso se conduzca con legalidad, uniformidad y justicia. La admisión de que todavía hay licencias disponibles confirma que este reclamo tenía y tiene fundamento”, afirmó.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la juez a cargo dejó el caso sometido para adjudicación.
“Ahora le corresponde al Tribunal hacer valer lo que quedó claro durante la vista: que aún existen licencias disponibles y que la Comisión no puede seguir cerrándole el paso a comerciantes históricos sin atender sus solicitudes conforme a derecho”, concluyó Torres Viada.
