El Lcdo. José Aleczer Rivera Jiménez, director ejecutivo de G9 Alliance Inc., apoyó el Proyecto de la Cámara 1103, que enmienda la ley reguladora de la industria del cannabis medicinal para atemperar las regulaciones bancarias locales con las demás jurisdicciones de los Estados Unidos. Las expresiones fueron vertidas en la vista púbica de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez.
“G9 Alliance y Healthweed expresa su respaldo al propósito legislativo de la medida, reconociendo que el proyecto constituye un intento necesario de corregir una distorsión normativa que ha colocado a Puerto Rico en desventaja frente a otras jurisdicciones”, dijo Rivera Jiménez, quien compareció en representación de la organización que reúne a nueve cultivadores y 109 dispensarios.
El abogado indicó que atemperar el marco regulatorio local, eliminando restricciones que no están requeridas por la normativa federal, así como permitir que instituciones financieras reguladas por el “Federal Deposit Insurance Corporation” (FDIC), puedan ofrecer servicios bancarios a esta industria, “son acciones consistentes con una política pública moderna, alineada con la realidad de un sector altamente regulado y con la experiencia acumulada en otras jurisdicciones”.
Esta enmienda a la “Ley para la Implantación del Plan para la Reorganización de la Industria del Cannabis Medicinal de Puerto Rico”, busca permitir que las instituciones financieras bajo el FDIC puedan ofrecer servicios financieros a estos negocios, tal y como lo hace en la actualidad la industria cooperativa.
El deponente puntualizó que debido a que solo una cooperativa, TUCOOP, ofrece los servicios financieros al 40 por ciento de la industria, los costos son altos, creando un monopolio que opera bajo “condiciones que resultan anticompetitivas las cuales distorsionan el funcionamiento de la industria”.
Durante su comparecencia mencionó que aparte de permitir acceso a la banca, es necesario “corregir una falla estructural en la ley que hoy penaliza al operador regulado por cumplir con la ley”.
Para ello, recomendó enmiendas a la pieza del vicepresidente cameral, Ángel Peña Ramírez, y el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, agregando “condiciones regulatorias, operacionales y económicas que incentiven la participación de las instituciones financieras y fomenten competencia real”, lo que ayudaría a bajar los costos en este renglón.
A su vez, sugirió que el lenguaje de la medida establezca que “ninguna institución financiera regulada en Puerto Rico será penalizada, sancionada o sujeta a acción adversa por ofrecer servicios a entidades debidamente licenciadas”, por la antes mencionada ley, siempre y cuando cumplan con las disposiciones aplicables de cumplimiento financiero y regulatorio.
Así también, indicó que se designe a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) como entes reguladores responsables de emitir guías específicas para la presentación de servicios financieros a la industria del cannabis medicinal.
Rivera Jiménez expresó que deben establecerse parámetros de cumplimiento para que las instituciones financieras operen bajo estándares uniformes, incluyendo protocolos de conocimiento del cliente, la prevención de lavado de dinero y la presentación de reportes consistentes con las guías federales de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEn, por sus siglas en inglés).
Igualmente, propuso la creación de programa de integración en la que se orientará a las instituciones para facilitar su incorporación al sector, incluyendo los aspectos regulatorios, de cumplimiento y asistencia técnica.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, puntualizó que la organización “no objeta la aprobación del proyecto pues, al eliminar la limitación impuesta por la ley 42 del 2017, que impide a las instituciones financieras reguladas por la FDIC aceptar depósitos de la industria del cannabis medicinal, permite la apertura del mercado y busca alinear las regulaciones bancarias para los negocios de dispensación de cannabis medicinal en Puerto Rico con las regulaciones en otras jurisdicciones de los Estados Unidos”.
Añadió que “nuestro endoso se basa en que la enmienda propuesta no menoscaba el principio de libertad de contratación y permite que la institución financiera preserve la discreción de negarse a abrir una cuenta de depósito o brindar algún servicio si tiene base razonable para creer que la cuenta puede ser utilizada para llevar a cabo acciones o transacciones ilegales”.
Álvarez Rubio sostuvo que, debido al alto costo de cumplir con los parámetros federales en contra del lavado de dinero, muchas instituciones no se animan a ofrecer sus servicios ya que una multa de esta índole “puede llevar al cierre de una institución”.
Informó que “a todos les interesa entrar y es por eso que, a través de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, respaldamos los intentos que ha habido a nivel federal en el Congreso de los Estados Unidos con varias medidas que se han intentado, pero no han sido aprobados”, entre los que mencionó el “Safe Act” y el “Safer Act”.
Esta legislación, según la deponente “busca un marco regulatorio claro y que la banca comercial no sea encontrada en negligencia criminal por dar algún servicio a estas industrias”.
Ante esto, presentó ante la Comisión que realicen esfuerzos a nivel del poder legislativo ante el Congreso para que se pueda aprobar este tipo de legislación.
Mientras que la Lcda. Mónica Rodríguez Villa, comisionada de la OCIF, no se opuso al proyecto “en la medida en que procura eliminar restricciones locales adicionales que limiten las alternativas bancarias para la industria del cannabis medicinal”.
“La medida, correctamente delimitada, puede fomentar mayor competencia, reducir la concentración de servicios financieros en un solo proveedor y fortalecer el ecosistema financiero mediante opciones reguladas y transparentes”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, Mabel Jiménez Miranda, presidenta ejecutiva del COSSEC, expuso que “si bien reconocemos la importancia de fortalecer el acceso a servicios financieros para esta industria debidamente regulada, entendemos que la medida propuesta no resulta necesaria, ya que el marco regulatorio vigente en Puerto Rico ya permite que las cooperativas de ahorro y crédito ofrezcan servicios financieros, incluyendo la recepción de depósitos a entidades autorizadas dedicadas al cannabis medicinal”.
Jiménez Miranda planteó, que TUCOOP al ser la única entidad financiera que da servicios a esta industria, ha tenido que establecer toda una división con 21 empleados, para poder cumplir con los parámetros de ley, ya que a pesar de que en Puerto Rico y otras jurisdicciones estatales, es una actividad regulada, para el gobierno federal el cannabis es considerada una sustancia controlada.
La directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, bajo el Departamento de Salud, Marjorie Tolentino consideró que “la medida legislativa atiende un asunto legítimo de política pública y puede contribuir a mejorar la transparencia financiera, así como la seguridad operacional del programa regulado por ley”.
En esta vista pública, la representante Lisie Burgos Muñiz, mostró su preocupación ya que “tomando en cuenta que somos un territorio, no somos estado, somo criaturas del Congreso; mientras que Estados Unidos tenga el cannabis en una clasificación ilegal, nosotros no debemos estar tomando decisiones, contrario al resto de los estados que tienen una autonomía”.
De otra parte, el presidente de la Comisión, el representante Navarro Suárez, aseguró que se van a incorporar “las enmiendas que nos trajo la industria, que son bien importantes”.
“Le daremos un informe positivo, porque entendemos que tiene que aprobarse, porque esto ayudará a esta industria que está generando ingresos para Puerto Rico”, mencionó el legislador.
Durante los trabajos se incorporaron los representantes Luis “Josean” Jiménez Torres, Fernando Sanabria Colón y Swanny Vargas Laureano.
