El Departamento de Educación (DE) expresó este jueves su oposición a la propuesta legislativa que obligaría el uso de mochilas transparentes en las escuelas públicas como una herramienta de seguridad en medio de señalamientos sobre las implicaciones socioeconómicas de la medida y potenciales violaciones a las garantías constitucionales de los estudiantes.
Varias agencias públicas plantearon ante la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes, presidida por Ensol Rodríguez Torres, que el Proyecto de la Cámara 1144 podría menoscabar los derechos a la intimidad, a la libertad de expresión y a la protección contra registros irrazonables que poseen los alumnos.
“La implementación de un requisito de esta naturaleza requiere evaluar cuidadosamente diversos factores. Entre ellos, su efectividad real como mecanismo de seguridad, así como su impacto económico, social y emocional sobre la comunidad escolar”, indicó el secretario de Educación, Eliezer Ramos, en una ponencia escrita.
El titular destacó en su memorial que reconoce la intención de promover entornos escolares seguros, pero la pieza legislativa requiere de un análisis “más amplio” para garantizar que responda a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.
Asimismo, advirtió que la legislación requerirá enmiendas para evitar la imposición de cargas económicas indebidas a las familias y asignar partidas presupuestarias al DE, ya que no aclara si la responsabilidad de adquirir los bultos recaería sobre los padres o encargados de los estudiantes, o si el Estado proveerá los recursos necesarios.
El proyecto de ley fue radicado el pasado 18 de febrero por el representante Rodríguez Torres, junto a sus homólogos Ramón Torres Cruz y Félix Pacheco Burgos, como una política pública preventiva que, para los legisladores, ayudaría a reducir el riesgo de incidentes violentos dentro de los planteles escolares.
Según expusieron los autores, las mochilas transparentes permitirían la detección visual inmediata de armas, objetos peligrosos, cigarrillos electrónicos y sustancias controladas tras eventos recientes ocurridos en distintos municipios.
“Lo que es el tráfico de sustancias, el tráfico de armas y el tráfico de vapes está pasando en las escuelas y, lamentablemente, el Departamento de Educación no tiene el número real de las estadísticas de esto. Por eso surge el proyecto”, manifestó Rodríguez Torres, al criticar la ausencia de cifras actualizadas en la agencia y mencionar algunos casos en las escuelas de su distrito que, según alegó, nunca se reportaron.
Datos recopilados por el DE reflejan que durante el año escolar 2022-2023 se registraron 23 incidentes relacionados con armas; 67 casos vinculados al uso o posesión de drogas; y 351 eventos clasificados como violencia escolar dentro del sistema público.
Otros casos reportados en el 2025 documentan la ocupación de armas blancas dentro de las escuelas y un incidente en el que un menor de edad llevó una pistola calibre 9 milímetros dentro de su bulto escolar, lo que provocó la intervención de las autoridades y el inicio de procesos judiciales.
Sin embargo, el presidente de la comisión legislativa, Rodríguez Torres, dijo que acogerá las preocupaciones presentadas durante la vista pública y no descarta emitir un informe negativo de la medida o removerla del trámite legislativo de concluir que su aprobación no será viable.
Precisamente, el representante Denis Márquez Lebrón solicitó el retiro del proyecto luego de opinar que contiene elementos punitivos y potencialmente discriminatorios. A su juicio, el sistema público de enseñanza exige atención en otros asuntos, como la reparación de columnas cortas y el acceso a servicios para estudiantes de educación especial.
“El mensaje que le estamos enviando con este proyecto de ley es que tienes que demostrarle al gobierno, al país, a la Policía, a Educación, de que tú no violas la ley. Lo tienes que demostrar todos los días, desde la escuela elemental, hasta la escuela superior”, expresó el legislador.
Mientras tanto, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, sugirió evaluar alternativas que puedan resultar menos intrusivas respecto a la intimidad de los estudiantes antes de implantar el requisito de las mochilas transparentes de manera generalizada. La titular también recomendó considerar la implantación inicial de la política mediante un proyecto piloto en algún plantel o distrito escolar.
Aunque Justicia detalló múltiples vulneraciones de derechos que pudieran resultar de la legislación, la agencia concluyó en su memorial explicativo que no identificó impedimentos legales que obstaculicen su aprobación. Por su parte, la Policía de Puerto Rico otorgó deferencia a los comentarios de las agencias concernientes.
En esta audiencia pública también participaron las representantes Tatiana Pérez Ramírez, Lisie Burgos Muñiz y Yashira Lebrón Rodríguez, siendo esta última la vicepresidenta de la Cámara de Representantes.
