La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró una vista pública en la mañana, para evaluar el proyecto cameral que propone eximir del pago de contribuciones sobre las horas extras trabajadas a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
“El propósito es analizar el alcance y los efectos fiscales, económicos y administrativos, así como la política pública contenida en el Proyecto de la Cámara 896… Podemos buscar la forma de hacer justicia; no obstante, buscamos discutir con la mayor responsabilidad el punto de vista del impacto fiscal que tiene esta medida”, expresó la senadora Padilla Alvelo.
El Proyecto de la Cámara 896 propone enmendar tanto el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación como el Código de Rentas Internas para eximir del pago de contribuciones sobre ingresos generados por concepto de horas extras a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia. La medida aplica específicamente a los oficiales correccionales y a los oficiales de servicios juveniles que integran dicho Cuerpo.
“En el DCR reconocemos la valiosa y significativa labor que realizan los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia. Por ello, favorecemos que, como parte de un acto justo, se les exima de tributar el ingreso recibido por concepto del pago de horas extras”, sentenció Julio Ortiz Álvarez, secretario auxiliar de Presupuesto y Finanzas del DCR, en representación del secretario, licenciado Francisco Quiñones Rivera.
Ortiz Álvarez explicó que, actualmente hay alrededor de 3,500 Oficiales de Custodia, de los cuales 1,843 de ellos tienen que trabajar recurrentemente horas extras. Esto, ya sea porque el que lo releva no llegó a su turno, o por actividades diarias que necesitan que permanezca en la institución o salidas con reclusos (como citas médicas, entre otros) que requieren de sus servicios.
La exposición de motivos señala que anteriormente se aprobaron leyes que eximen del pago de contribuciones por horas extras a los miembros de la Policía de Puerto Rico y a las policías municipales. Sin embargo, ese beneficio no fue extendido a los Oficiales de Custodia. Ante esa omisión, la Asamblea Legislativa entiende necesario equiparar los beneficios entre los distintos cuerpos de seguridad del Gobierno, reconociendo que los oficiales correccionales también realizan funciones esenciales y de alto riesgo dentro del sistema de seguridad pública.
En cuanto a los cambios concretos, el proyecto enmienda el Artículo 57(d) del Plan de Reorganización del DCR para establecer expresamente que el ingreso devengado por concepto de horas extras trabajadas por los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia estará exento de tributación. Además, enmienda la Sección 1031.02 del Código de Rentas Internas para añadir un nuevo inciso que incorpora esa exención dentro de la lista oficial de partidas de ingreso exentas.
Ante este escenario, aunque se excusaron a la vista pública, el Departamento de Hacienda, en memorial explicativo, planteó reservas sobre la medida al señalar que, aunque comprende su propósito y reconoce la labor del personal que se busca beneficiar, la exclusión de las horas extras del ingreso tributable conlleva una reducción en la base contributiva del Gobierno. En ese sentido, advirtió que toda legislación de carácter contributivo debe evaluarse tomando en consideración su impacto sobre el Fondo General y el cumplimiento con el Plan Fiscal certificado.
Hacienda hizo referencia al estimado preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que proyecta una merma recurrente aproximada de $330,042.70 anuales entre los años fiscales 2026 al 2030. Ante ese escenario, recordó que cualquier medida que reduzca recaudos debe cumplir con el principio de neutralidad fiscal, lo que implica identificar fuentes de repago o ajustes compensatorios equivalentes, conforme al presupuesto vigente y a las disposiciones del Plan Fiscal certificado. Por ello, su postura no es de oposición directa al beneficio propuesto, sino de cautela fiscal y de cumplimiento con las exigencias presupuestarias y de la Junta de Supervisión Fiscal.
En esa misma línea, la licenciada Carmen Guillén González, en representación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), considera que el asunto debe atenderse dentro del marco de la segunda fase de la reforma contributiva actualmente bajo análisis. Subrayó que el presupuesto vigente no contempla una partida para cubrir la merma en ingresos y que, bajo la Ley PROMESA y el principio de neutralidad fiscal, cualquier reducción en recaudos debe venir acompañada de mecanismos compensatorios que aseguren estabilidad en las proyecciones fiscales.
La licenciada Guillén González también advirtió que la medida se presenta en un momento en que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa evalúan cambios contributivos más amplios, por lo que aprobar exenciones adicionales de forma aislada podría afectar la viabilidad de la reforma en curso y la planificación financiera del Gobierno.
Ante los reparos que manifestaron ambas agencias que trabajan estos temas fiscales, la senadora Padilla Alvelo recomendó al secretario del DCR a reunirse con la Gobernadora de Puerto Rico, para llegar a unos acuerdos e implementar el propósito de la medida. “Hacienda viene en contra de esto, OGP también, debe haber una reunión del secretario de Corrección con la Gobernadora para ver cuan necesario, realmente, debe ser esto”, sentenció. Del mismo modo, anticipó que, si se deja “guiar por los memoriales que entregaron las agencias, tengo que rendir un informe negativo, porque no hay una fuente de repago”.
