El Gobierno de Puerto Rico, espera recibir un impacto económico positivo con la presencia militar en la isla, así lo informaron hoy “En Récord”, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano junto al presidente de la Junta de Planificación Ambiental, Lcdo. Héctor Morales brindan un resumen sobre estos índices.
La Junta de Planificación de Puerto Rico, a través de su Programa de Planificación Económica y Social, presentó el estudio Impacto Económico por Presencia Militar en Puerto Rico para el Año Fiscal 2026, que proyecta que la combinación de presupuesto operacional, proyectos de infraestructura y construcción vinculados a instalaciones militares en la Isla totaliza una inversión de $832.5 millones, con un impacto económico estimado de $2,036.5 millones en producción local, la creación de 12,346 empleos, y $254.6 millones en salarios, considerando el efecto directo, indirecto e inducido sobre el consumo y la actividad productiva.
“El estudio confirma que la economía de defensa no solo sostiene operaciones críticas, sino que también activa cadenas de suplido, empleo y consumo con efectos medibles en sectores clave de la isla. Esta información es esencial para que el ecosistema empresarial y los gobiernos municipales puedan anticipar oportunidades, prepararse y maximizar el impacto en desarrollo económico regional”, expresó el presidente de la Junta de Planificación.
Por su parte, el director del Programa de Planificación Económica y Social de la JP, Alejandro Díaz Marrero, destacó que el análisis integra el componente de operaciones y el conjunto de proyectos impulsados por la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA): “Las estimaciones muestran que, además del gasto operacional, la inversión en infraestructura y construcción para 2026 representa una fase de reinversión estratégica con efectos multiplicadores en la economía local, particularmente en Construcción y Servicios, los renglones de mayor impacto en empleo”.
Hallazgos relevantes para negocios y desarrollo económico
• Sectores con mayor impacto: Construcción y Servicios, con 4,912 y 5,876 empleos, respectivamente (directos, indirectos e inducidos).
• Fuerte Buchanan (Guaynabo): con un presupuesto de más de $500 millones y una comunidad de aproximadamente 15,000 personas, el estudio estima un impacto de hasta $1,223.12 millones en producción local, y 7,415 empleos (incluyendo efecto inducido).
• Inversión NDAA en Buchanan: inversión aproximada de $170.0 millones en construcción e infraestructura (incluye microrred eléctrica), con impacto total estimado de $415.8 millones en producción local y 2,521 empleos.
• Proyectos en Base Ramey (Aguadilla) y Campamento Santiago (Salinas): inversión total asignada aproximada de $81.0 millones; en Ramey, se estima $162.7 millones en producción local y 986 empleos durante la fase de construcción.
• Roosevelt Roads (Ceiba): la modernización de servicios esenciales, incluyendo una inversión aproximada de $79.0 millones para rehabilitar y modernizar el sistema eléctrico y completar obras de agua, se estima en un impacto de $193.2 millones en producción local, y 1,171 empleos; el estudio además contempla actividad adicional tras completarse obras hacia mediados de 2026.
El informe plantea que la presencia militar representa una inyección económica directa y una reactivación asociada a proyectos de construcción e infraestructura, con efectos sobre empleo, consumo local y estabilidad operativa en las bases.
“Los estudios de impacto económico que realiza la Junta de Planificación son herramientas prácticas para la toma de decisiones: permiten cuantificar cómo una inversión se traduce en producción, empleo y salarios, y ayudan a identificar los sectores con mayor potencial para fortalecer cadenas de suplido, compras locales y oportunidades de negocio”, explicó Díaz Marrero.
“Este trabajo técnico de la Junta de Planificación apoya la política pública de desarrollo económico de la gobernadora Jenniffer González Colón, al proveer datos y métricas que permiten enfocar esfuerzos, atraer inversión y conectar al sector empresarial con iniciativas estratégicas en regiones clave. Nuestro rol es aportar evidencia para que el desarrollo económico se ejecute con rigor, transparencia y resultados medibles”, sostuvo Morales Martínez.
La JP es el organismo rector de la planificación integral del desarrollo socioeconómico y territorial de Puerto Rico. El Programa de Planificación Económica y Social produce análisis e insumos técnicos para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas con base en datos y proyecciones económicas.
El reporte del estudio está disponible en jp.pr.gov.
