La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico – Con el objetivo de atender la falta de disponibilidad de médicos en Puerto Rico y garantizar un mayor acceso a servicios de salud para poblaciones vulnerables, la gobernadora Jenniffer González Colón envió a la Legislatura un proyecto de ley para ampliar las alternativas mediante las cuales los médicos cualificados pueden cumplir el requisito anual de 180 horas de servicio comunitario de forma remunerada.
El Proyecto de Administración Núm. 108 enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para permitir que los médicos cualificados puedan cumplir las 180 horas de servicio comunitario no solo a través del Plan Vital, sino también mediante contratos con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Puerto Rico enfrenta una pérdida acelerada de profesionales de la salud, con una reducción de aproximadamente un 46% del total de médicos en los pasados trece años, lo que representa más de 8,000 facultativos menos. Ante esta realidad, las leyes de incentivos contributivos, incluyendo la Ley 14-2017 y la Ley 60-2019, han sido herramientas clave para retener y atraer médicos, mediante beneficios como la reducción de la tasa contributiva y exenciones sobre ingresos pasivos.
Actualmente, el Código de Incentivos requiere que los médicos beneficiarios cumplan 180 horas anuales de servicio comunitario sin remuneración, salvo cuando dicho servicio se presta bajo contrato con el Plan Vital. Esta medida amplía ese mecanismo para incluir otras entidades gubernamentales que atienden poblaciones que tradicionalmente enfrentan mayores barreras de acceso a servicios médicos, como pacientes de salud mental, personas lesionadas en accidentes y la población correccional.
El proyecto persigue tres objetivos principales. Primero, permitir el cumplimiento remunerado del requisito de servicio comunitario, eliminando la carga económica que representa el trabajo no compensado. Segundo, mejorar el acceso a servicios médicos especializados en áreas críticas fuera del Plan Vital, fortaleciendo la capacidad del Estado para atender poblaciones vulnerables. Y tercero, reforzar los esfuerzos de retención de médicos en Puerto Rico, ofreciendo alternativas más flexibles y viables para cumplir con los requisitos del Código de Incentivos.
Esta legislación responde a una visión de política pública que integra incentivos contributivos con acceso a servicios esenciales, optimizando el uso de recursos gubernamentales y asegurando que las comunidades con mayor necesidad cuenten con atención médica adecuada y oportuna.
