El representante y presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Edgar Robles Rivera, habló del Proyecto de la Cámara 632 y se mostró en apoyo a la creación de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor (Unidad), anunciada recientemente por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.
El Proyecto de la Cámara 632 busca proteger a los consumidores de fraudes a través de mensajes de texto, enviados por empresas no autorizadas.
La medida establece que únicamente las compañías registradas podrán enviar comunicaciones informativas, prohibiendo enlaces de compra o solicitudes de información personal. Además, obliga a servicios delicados, como los bancarios o gubernamentales, a utilizar verificación en dos pasos y promueve la instalación de filtros que bloqueen los mensajes maliciosos antes de llegar a los teléfonos.
“Cualquier comunicación que requiera acción del cliente debe hacerse por medios seguros y reconocibles”, explicó Robles Rivera. “En los últimos días, muchos ciudadanos han recibido mensajes sospechosos y, con este proyecto, buscamos evitar que caigan en fraudes digitales”, hizo hincapié.
El proyecto también propone la creación de una lista oficial de compañías autorizadas y multas para quienes no cumplan con las nuevas disposiciones. Además, contempla campañas de orientación dirigidas especialmente a adultos mayores y personas con menor experiencia tecnológica.
Recientemente, el secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo, presentó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos, adscrita a la Oficina del Secretario, cuyo objetivo es identificar y prevenir fraudes digitales antes de que los consumidores sean víctimas.
En la presentación estuvo presente el presidente de la Comisión de lo Jurídico, José ‘Che’ Pérez. Esta Unidad contará con recursos tecnológicos avanzados, personal técnico especializado y colaboración con autoridades federales, la Policía de Puerto Rico, incluyendo la División de Crímenes Cibernéticos, y en coordinación interagencial con PRITS y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).
Robles Rivera, reiteró la importancia de que estas iniciativas legislativas y administrativas trabajen de la mano para garantizar la seguridad digital de todos los ciudadanos.
