¿Es la lealtad política más fuerte que la justicia en Puerto Rico? Esta es la pregunta generada ante el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y a otros dos coacusados de corrupción. Para mí, es una estocada a la credibilidad de las instituciones de ley y orden en el país. Esto, además de cuestionamientos legales, tiene un efecto devastador para la lacerada imagen del gobierno de PR. Muchos lo ven como otro caso más de corrupción donde las consecuencias de las acciones son cero.
Fue en 2022, cuando a Vázquez Garced la acusaron a nivel federal junto al banquero y dueño de Bancrédito Julio Herrera Velutini y el exasesor financiero Mark Rossini, por ofrecer apoyo económico a la campaña política de la exmandataria en las elecciones de 2020 a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, debido a que este organismo realizaba una investigación en contra de Bancrédito. En febrero de 2020, Joyner Kelly renunció y supuestamente Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000 que consistió en una encuesta o estudio realizado sobre su campaña política a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
En mi opinión, será cuesta arriba para la administración de Jenniffer González, quien es aliada del presidente Trump, reivindicar la imagen del gobierno ante la impunidad que representa el indulto otorgado. Un perdón en un caso de corrupción que involucra a personas con un alto perfil vinculadas al gobierno se percibe como que existe justicia para la élite y para el ciudadano común la realidad es lo contrario. Esto valida el dicho coloquial de que “en Puerto Rico el que tiene padrino se bautiza”. Como relacionista, me preocupa el efecto que tiene en la imagen del gobierno ya que proyecta que el sistema está diseñado para favorecer a los que tienen vínculos políticos y dinero.
Otro reto que tiene la administración González es evidenciar que el Departamento de Justicia y las agencias federales cumplen con su promesa de cero tolerancia a la corrupción. Más aún cuando previo al indulto Váquez Garced aceptó un acuerdo de culpabilidad. Convencer a la ciudadanía en general que en efecto la corrupción en el país es condenada con todo el peso de la ley es complicado.
¿Qué le toca ahora a la gobernadora González? Reafirmar su compromiso con la ética y con la intolerancia a la corrupción más allá del hecho de eliminarle las escoltas a la exmandataria. Le toca a González demostrar, radicar o implementar medidas más rigurosas que atiendan este tema en todos los niveles gubernamentales. Impulsar reformas que dificulten el que los políticos acusados de corrupción sean indultados. Además, le toca demostrar resultados tangibles de sus políticas anticorrupción.
Solo el futuro nos dirá cuál fue el impacto del indulto, sus consecuencias y el efecto en la percepción de la ciudadanía. Al final del día son ellos a quienes les toca pasar juicio sobre lo ocurrido y permitido.
