El Departamento de Justicia de Puerto Rico culminó una extensa investigación relacionada con alegadas irregularidades en la privatización de los procedimientos de declaración de propiedades como estorbos públicos y el ejercicio del poder de expropiación forzosa en 22 municipios de Puerto Rico, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
La investigación, realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), consolidó cuatro referidos identificados que surgieron a raíz de comunicaciones de legisladores, querellas ciudadanas y señalamientos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), relacionados principalmente con contratos otorgados a entidades privadas para la gestión de estorbos públicos en 22 municipios.
Como parte del proceso investigativo, el Departamento de Justicia evaluó de manera exhaustiva evidencia documental y testifical, incluyendo información provista por municipios, agencias gubernamentales, instituciones bancarias, terceros adquirentes y procesos judiciales civiles relacionados. Asimismo, se realizaron numerosas entrevistas a testigos y se diligenciaron múltiples órdenes de producción de documentos.
Tras el análisis jurídico correspondiente, el Departamento de Justicia concluyó que, aunque surgieron controversias de naturaleza administrativa, contractual y civil —incluyendo incumplimientos contractuales, disputas por devolución de dinero y alegadas deficiencias en la ejecución de los contratos, no se estableció evidencia suficiente que permita imputar conducta criminal, ni a funcionarios públicos ni a las entidades privadas investigadas, conforme al estándar de prueba requerido en el ámbito penal.
De la investigación surge que la mayoría de los municipios involucrados cancelaron oportunamente los contratos, adoptaron medidas correctivas y atendieron reclamaciones de ciudadanos, y que las controversias principales se encuentran actualmente ante los tribunales en procesos civiles, el foro correspondiente para dirimir este tipo de reclamaciones.
En cumplimiento con el deber constitucional del Ministerio Público y el principio de presunción de inocencia, el Departamento de Justicia determinó que no procede la radicación de cargos criminales y recomendó el cierre y archivo de los referidos investigados, sin perjuicio de otras acciones civiles, administrativas o fiscalizadoras que puedan ejercer los municipios, las agencias concernidas o las partes afectadas.
“El Departamento de Justicia reafirma su compromiso con la sana administración pública, la transparencia gubernamental y el uso responsable de los recursos del Estado, y continuará colaborando con otras entidades fiscalizadoras en todo asunto que así lo amerite”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
