Según datos del U.S. Census Bureau (2024), la tasa de pobreza en Estados Unidos se situó en aproximadamente un 10.6 %, lo que equivale a 35.9 millones de personas viviendo bajo condiciones de pobreza en uno de los países con mayor concentración de riqueza del planeta. Esta cifra, lejos de ser anecdótica, expone una contradicción profunda entre el discurso global que Estados Unidos sostiene sobre democracia, derechos humanos y desarrollo, y la realidad social que millones de personas experimentan dentro de sus propias fronteras. Desde la mirada del Trabajo Social, la pobreza no puede reducirse a un problema de ingresos individuales ni a una supuesta falta de esfuerzo personal; es, ante todo, una manifestación estructural, producto de políticas públicas, modelos económicos excluyentes y sistemas de protección social insuficientes que reproducen desigualdades intergeneracionales y afectan de manera desproporcionada a niños, comunidades racializadas, personas con diversidad funcional, trabajadores precarizados y veteranos.
Resulta éticamente insostenible que un Estado que normaliza la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria y la exclusión social pretenda “hurgar en las llagas” económicas y políticas de América Latina. La intervención discursiva y material en nuestra América no responde a una preocupación genuina por la democracia o los derechos humanos, sino a una lógica imperial que evita la autocrítica y desplaza sus contradicciones hacia el exterior. Antes de señalar las fallas ajenas, debería atender con urgencia las propias, pues ninguna autoridad moral puede sostenerse mientras millones de personas sobreviven en condiciones de precariedad dentro de sus fronteras.
Desde la Psicología, los efectos de la pobreza son igualmente alarmantes y profundos. Vivir en condiciones de precariedad económica genera lo que puede describirse como un shock psicológico sostenido; un estado de estrés crónico provocado por la incertidumbre constante respecto al acceso a vivienda, alimento, salud y estabilidad. Este estrés no es momentáneo; se instala en el cuerpo y en la mente, altera los sistemas de regulación emocional, erosiona el sentido de seguridad y distorsiona la percepción de futuro. Para quienes trabajamos con la conducta humana, es sabido que la pobreza incrementa los niveles de ansiedad, depresión, desesperanza y conformidad aprendida, configurando patrones de supervivencia que limitan el desarrollo pleno de las personas y afectan de forma particularmente severa a niños y adolescentes.
No se trata únicamente de carencias materiales, sino de una erosión progresiva de la dignidad humana y del sentido de valía personal. Cuando una sociedad acepta la pobreza como un “costo inevitable” del sistema económico, también acepta un daño psicológico colectivo, normalizando la idea de que existen vidas prescindibles, personas descartables y cuerpos destinados a sobrevivir al margen sin que ello represente una falla moral del sistema. Desde esta lógica distorsionada, se puede hablar de democracia hacia afuera mientras se tolera la miseria hacia adentro, legitimando un doble discurso cada vez más insostenible.
El Trabajo Social y la Psicología coinciden en un punto esencial: la pobreza no es una falla individual, sino una forma de violencia estructural que produce trauma, limita oportunidades y condiciona trayectorias de vida enteras. Pretender exportar modelos democráticos desde un país que no garantiza condiciones mínimas de bienestar a millones de sus ciudadanos constituye una contradicción ética profunda. Además, esta pobreza estructural tiene implicaciones políticas claras, pues una población sometida al estrés económico constante es más vulnerable a la manipulación, al miedo y a discursos simplistas que canalizan la frustración hacia el racismo, la xenofobia y el autoritarismo.
Antes de asumir el rol de salvador global, Estados Unidos debería mirarse con honestidad. Atender su pobreza interna no es solo una cuestión económica, sino una responsabilidad ética y social que exige políticas públicas centradas en la justicia social y el bienestar colectivo, no en la acumulación desmedida. Mientras estas realidades no se enfrenten con seriedad, cualquier discurso moral hacia otros pueblos seguirá siendo un ejercicio de hipocresía política y de profunda carencia ética.
