La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) acogió las principales recomendaciones de una comisión cameral que investigó la operación clandestina de algunos de estos establecimientos en la Isla y que adoptó la mayoría de las propuestas que le presentó la entidad.
Entre las conclusiones del Informe Final de la Resolución de la Cámara 258 que preparó la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes sobresale la que establece que, “el problema requiere una respuesta multisectorial que combine fiscalización, educación y reforma administrativa, así como el fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras”.
Jonathan Morales Adorno, presidente de FICPRO, afirmó que una de las principales recomendaciones de la entidad ante esa comisión fue establecer la necesidad de atender el problema con urgencia, desde una visión estructural e intersectorial.
Enfatizó además que “los centros de cuido prolongado deben ser reconocidos como servicios esenciales del Estado, y la respuesta gubernamental no debe limitarse a sancionar, sino también a educar, orientar y acompañar a los operadores que desean formalizar sus servicios bajo el marco legal”.
De hecho, el presidente de FICPRO espera que el reconocimiento como servicio esencial sea el primer asunto atendido mediante proyecto de ley. Como ejemplo, detalló que en momentos de emergencias deben ser tratados al mismo nivel de los hospitales, ya que atienden a personas encamadas, asistidas con oxígeno y ofrecen un servicio fundamental para que los residentes lleven una vida digna.
«Requerimos comprar gasolina para los generadores, tener disponible gas para la cocina, obtener agua potable y hacer compras a gran escala en los supermercados. Los administradores y dueños de hogares no deberíamos estar luchando en largas filas con la ciudadanía, enfrentando límites de cantidad, cuando las vidas de cientos de personas dependen de nuestra diligencia y rapidez para brindarle servicios de calidad ante cualquier crisis”, resumió Morales Adorno.
El presidente de la organización sostuvo que «la Federación reafirmó que la solución requiere una estrategia de colaboración intersectorial entre el gobierno, las agencias, los municipios y las entidades representativas del sector, enfocada en la prevención, educación y acompañamiento técnico más que en sanciones punitivas”.
Morales Adorno agregó que «FICPRO manifestó su apoyo a la Resolución porque coincidimos en la necesidad de erradicar las operaciones ilegales que ponen en riesgo la vida y salud de los adultos mayores”. No obstante, advirtió que la discusión pública “debe distinguir con precisión entre los hogares que operan clandestinamente vs aquellos que sí cumplen con la reglamentación vigente, y que, por alguna razón burocrática, se han retrasado los trámites para renovar sus licencias”.
Esa posición fue también incluida en las conclusiones la Comisión, cuando dispuso que es necesaria la distinción entre “hogares verdaderamente clandestinos, cuya existencia y localización son desconocidas por las agencias y hogares con cumplimiento parcial que enfrentan demoras atribuibles a procesos burocráticos como certificaciones sanitarias, inspecciones de bomberos o “background checks” pendientes”.
Morales Adorno enfatizó que “la falta de recursos, la burocracia y el aumento de la demanda por servicios de cuido –producto del envejecimiento poblacional– han propiciado la aparición de facilidades informales.
Otra de las recomendaciones en el Informe de la Comisión cameral es que, el Departamento de la Familia “clasifique y mantenga un registro diferenciado de los hogares por estatus de licenciamiento (vigente, en renovación, en cumplimiento o ilegal) y que publique dicha información de forma accesible al público”.
Entre las propuestas de FICPRO acogidas por el organismo legislativo, se propone “implementar licencias provisionales temporeras bajo supervisión directa mientras se completan los requisitos reglamentarios”.
