Por: Roxanna K. Rosario-Serrano, BHE, MS /Pasada Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Principal Oficial y Asesora en temas de Salud de Cetura Group, LLC
El acceso a la salud es un derecho humano que en los Estados Unidos y Puerto Rico ha sido privatizado bajo la estructura de seguros. Al menos 92 por ciento de la población en la nación y Puerto Rico, accede a sus servicios a través de una cubierta privada o financiada mediante fondos público-privado. Los límites en cubierta, terapias escalonadas y procesos de preautorización han sido barreras que identifican los constituyentes para el libre acceso a su cuidado médico. ¿Sería un sistema de salud universal la solución a esto? ¿Qué aspectos hay que tomar en consideración?
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), el 35 por ciento del presupuesto del gobierno en Puerto Rico está destinado al sector de la salud. Aproximadamente, de $11 mil millones para servicios que se administran entre 26 agencias, 70 por ciento provienen de fuentes federales. Entre estos, el seguro para personas médico-indigentes Medicaid y Medicaid Dual, que representa un 43 por ciento de la población. Utilizar estos fondos en un modelo universal requeriría cambios en la regulación federal de Medicare y Medicaid, y la identificación de otras fuentes de financiamiento que sustenten el cuidado de salud para condiciones como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, y enfermedades cardíacas, entre otras, que predominan entre los 3.2 millones de habitantes, a un costo per-cápita aproximado de $5,200 anuales.
También, es necesario la integración de un componente robusto de prevención primaria que busque cambiar a futuro el perfil de salud que permea garantizando eficiencia gubernamental sin sacrificar la calidad clínica en el presente y promoviendo calidad de vida entre los constituyentes. A nivel estructural, es imperativo atender el reto de retención de profesional médico y especialista en la Isla, donde según la American Association of Medical Assistants (AAMA), al menos se retienen el 72 por ciento de los graduados con baja representación en especialidades de alta necesidad. Además, la disponibilidad de hospitales públicos o acuerdos con los privados, en regiones claves para atender la demanda de servicios requiere una estructura tarifaria sostenible a largo plazo y para la red de proveedores en general, que sirva el modelo de servicios.
Países en Europa y Asia con una participación laboral de casi más de un 70 por ciento, han logrado por años ofrecer estos sistemas de forma sostenible, pero ha requerido legislación con modelos de contribuciones mixtas o primas compartidas entre el estado, constituyentes y patronos. Por lo tanto, la pregunta que prevalece es ¿Está Puerto Rico listo para este cambio?
