El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) reveló que, aunque la reincidencia juvenil en Puerto Rico es mínima, no tiene la facultad en ley para dar seguimiento a los menores que egresan de sus instituciones juveniles una vez se reinsertan a la libre comunidad, durante vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud, que preside el representante Ensol Rodríguez Torres
Por lo tanto, la agencia favoreció en que se enmiende la Ley de Menores (Ley 88-1986) para así tener la jurisdicción y brindarles a los jóvenes un plan de cuidado en continuidad como mecanismo de prevención post-institucional.
Según el DCR, en el 2024 solo seis menores reingresaron a las instituciones juveniles de la agencia luego de haberse reintegrado a la comunidad. Menores entre los 16 y 17 años son los más propensos a reincidir en conducta delictiva, indicó Gineima Ojeda, gerente de Instituciones Juveniles del DCR.
“Tan pronto perdemos la jurisdicción del joven, perdemos total contacto con ellos. Nosotros no tenemos herramienta legal para poder darle un seguimiento a estos jóvenes en la comunidad”, comentó la deponente.
Esta comisión, presidida por el representante Ensol Rodríguez Torres, investiga el proceso de transición post-institucional de los jóvenes egresados de los Centros de Tratamiento Social ubicados en Ponce y Villalba.
Es importante destacar que este estudio legislativo surge de la Resolución de la Cámara 327, tras celebrarse mesas redondas en ambos complejos correccionales y encontrar que la coordinación interagencial entre el DCR y el Departamento de la Familia para apoyar la reinserción social de los jóvenes ha sido deficiente.
“El Estado tiene el deber indelegable de velar por la continuidad y sostenibilidad de los servicios más allá de la vida institucional. Ello requiere examinar con rigurosidad los marcos normativos vigentes, las prácticas administrativas actuales, la disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios”, expresó Rodríguez Torres, autor de la medida.
El DCR informó que mantiene una matrícula de 44 menores en el complejo de Villalba, donde solo se albergan varones con custodia entregada al sistema juvenil. Mientras, el centro de Ponce cuenta con una población de 26 varones y féminas en calidad de detención. Las edades en las que se encuentran los menores del sistema juvenil fluctúan entre los 13 hasta los 21 años, dijo la agencia.
En el caso de recibir una salida provisional aprobada por un tribunal y continúe cumpliendo su medida dispositiva, el menor permanece bajo la supervisión de un trabajador social comunitario y con un plan de egreso estructurado, afirmó Rosa Vélez, supervisora de Rehabilitación y Tratamiento del DCR.
La trabajadora social de profesión explicó que este plan de egreso, además de establecer una serie de servicios encaminados al proceso de rehabilitación, también fortalece aquellas áreas de necesidad aún presentes en el joven y su familia.
Añadió que para las salidas a la comunidad el equipo transdisciplinario evalúa que el menor tenga los recursos adecuados en la comunidad; que tenga planes concretos en el área académica, vocacional o de empleo; que evidencie mejoría en su competencia psicosocial; y que no exista algún riesgo en el hogar ni en la comunidad.
“Se les brindan todas las herramientas, talleres, terapias individuales y grupales con los consejeros en adicción, con los psicólogos. Pero es fundamental que esta familia, una vez este joven no tenga esa presión legal, pueda ayudarlo y seguir apoyándolo”, dijo Vélez, quien destacó que estos servicios se otorgan en los Centros de Servicios Multifamiliares.
Vélez precisó que existen dos de estos centros, localizados en Mayagüez y Bayamón, para brindar servicios a todo Puerto Rico. Cada centro únicamente tiene dos trabajadores sociales comunitarios, por lo que Vélez peticionó al secretario del DCR el reclutamiento del personal necesario.
Esta agencia también indicó que el proyecto Guara Bi, de manera voluntaria, le da seguimiento al menor por un espacio de seis meses cuando se cierra y archiva el caso. Actualmente, la organización sin fines de lucro brinda estos servicios de cuidado continuado a 15 jóvenes que reinsertaron a la comunidad.
El representante Rodríguez Torres señaló que citó al Departamento de la Familia para esta vista pública, pero la agencia no compareció ni entregó memorial explicativo. De la audiencia pública también participaron los representantes Joe Colón Rodríguez, Adriana Gutiérrez Colón y Emilio Carlo Acosta.
