La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), el Departamento de la Familia (DF) y Departamento de Educación (DE), apoyaron el Proyecto del Senado 522 para crear dentro de ODSEC el programa “Comunidad Vida Íntegra, Valores Activos” (VIVA), como iniciativa que ayude a los menores en riesgo de deserción escolar.
En vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, la subdirectora de ODSEC, Keysla González Domínguez, respaldó la medida ya que “promueve un programa institucional dirigido a fortalecer los valores de la familia y el desarrollo de los menores a través de talleres y actividades que promueven su educación y sirven de herramienta complementaria para reducir la deserción escolar”.
La pieza busca, además, mejorar la salud mental de los menores, incluyendo a aquellos que viven en familias no convencionales o que enfrentan la ausencia de alguno de sus padres.
Según el Reporte de Deserción Escolar 2022-2023 publicado por el Departamento de Educación, la tasa de deserción anual es de un 3.95 por ciento y la tasa de ausentismo se eleva al 12.16 por ciento.
Según el informe, gran parte de este abandono del sistema escolar se produce en el nivel superior, siendo en el grado 11 donde se da el nivel más alto de bajas, con un 5.51 por ciento.
Ante esta estadística, la deponente subrayó que “refleja la necesidad de atender la deserción escolar desde una óptica amplia integrada, coordinada y de forma multidisciplinaria”.
A renglón seguido, González Domínguez indicó que “aunque el enfoque principal del proyecto son los menores, su diseño es naturalmente extensible a componentes intergeneracionales, incluyendo la participación de personas mayores como mentores, y el modelaje a seguir para fomentar valores”.
La funcionaria puntualizó que la literatura en desarrollo positivo juvenil y clima escolar sugiere que “las intervenciones estructuradas en habilidades socioemocionales, junto con la mentoría y el involucramiento familiar, se asocian a mejoras en retención escolar, conducta prosocial y bienestar mental”.
A su vez, la subdirectora auguró que además de la colaboración del DE, se requerirá la integración de agencias tales como el DF, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y el Departamento de Salud, para “promover el bienestar total utilizando todos los recursos de manera multidisciplinaria”.
A pregunta de los representantes Yashira Lebrón Rodriguez y Roberto López Román, la deponente señaló que esta propuesta no solo beneficiará a las comunidades que son atendidas por ODSEC, ya que, con los acuerdos colaborativos con agencias y organizaciones sin fines de lucro, se buscará que todos los sectores sean servidos, aunque aclaró que todas las comunidades son asistidas por su entidad en otros aspectos sociales.
“En cuanto a ODSEC, en ocasiones hay una confusión en torno a cuál es el alcance de la entidad, porque se dejan llevar solo por el Fideicomiso de Comunidades Especiales que atiende a 742 poblaciones que ya están adscritas, alrededor de la Isla, pero la agencia en su creación atiende a todas”, aclaró González Domínguez.
En cuanto a familias que poseen los recursos económicos, pero no cuentan con el apoyo social y humano necesario para ayudar a los menores que se están desarrollando en ese núcleo, la funcionaria sostuvo que la colaboración del DE y el DF será vital para poder referirle los casos que se detecten en comunidades tales como las existente en urbanizaciones y otros sectores que no necesariamente sean de bajos recursos.
Asimismo, acogió la sugerencia de la representante Wanda Del Valle Correa, para que se una a este esfuerzo la Policía de Puerto Rico, a través de programas como la Oficina de Relaciones con la Comunidad, la Liga Atlética Policiaca y los Consejos de Seguridad Vecinal que cuentan con líderes que podrían colaborar como mentores.
También apoyó que se enmiende la pieza en discusión, para que además del certificado de antecedentes penales y un certificado negativo del Registro de Ofensores Sexuales (Ley 300), se les realice a los candidatos a ofrecer mentoría un background check a través del DF en el que se asegure que las personas no tengan casos por maltrato.
Por su parte, la Lcda. Saraí Ruiz Maisonet, directora de la Oficina de Política Pública del DE avaló la medida describiéndola como “una herramienta poderosa de intervención comunitaria preventiva, alineada con el enfoque humanista y de justicia social del sistema educativo puertorriqueño”.
Sin embargo, recomendó enmiendas al lenguaje del proyecto para “asegurar que el discurso sobre la figura paterna se aborde desde la equidad y el respeto a la diversidad familiar, para que evite narrativas que culpabilicen o invisibilicen a otros modelos de crianza. En este contexto, Comunidad VIVA puede ser una propuesta transformadora si se enmarca en una visión de política pública inclusiva, ética y corresponsable”.
Mientras que la Lcda. Nicole Báez Ortiz, directora de la Oficina de Asesoramiento Legal del DF al favorecer la legislación sugirió cambios para que se sustituya el término “padre” para hacer referencia a “madres”, “padres” o “custodios”, de modo que “se tome en consideración que el perfil de la familia puertorriqueña está compuesto madres solas criando a sus hijos, padres solos, abuelos, hermanos y otros recursos familiares e inclusive otras personas custodias encargadas del cuidado y crianza de nuestros niños”.
Es importante mencionar que ante preguntas del representante Ángel Fourquet Cordero, el presidente de la Comisión, representante Ocasio Ramos, informó que la ODSEC tendrá un plazo de diez días para evaluar y presentar si requiere recursos adicionales a los que ya posee- relacionado al impacto fiscal- más allá del apoyo voluntario.
Durante los trabajos de esta audiencia pública, participaron también los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Sergio Esteves.
