Las legislaturas municipales -cuyas mayorías representan los dos partidos principales de la escena política de la Isla-, solicitaron este martes a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que vete el Proyecto de la Cámara 420, que propone la congelación del impuesto al inventario por tres años y su eventual eliminación, al considerar que su aprobación pondría en riesgo la prestación de servicios esenciales a los residentes de las comunidades más vulnerables de la isla.
En una resolución aprobada por los cuerpos que agrupan a los legisladores municipales de todos los partidos políticos, se establece que la eliminación del impuesto al inventario nunca fue parte del compromiso programático original, sino únicamente la eliminación de la tributación sobre el almacenaje. La intención era promover alivios contributivos temporales para los comerciantes y consumidores, sin menoscabar las finanzas municipales.
“Esta medida, tal y como está redactada, no contempla un mecanismo de sustitución de ingresos. La ausencia de una fuente alterna de recaudo compromete la capacidad fiscal de los municipios y pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales que estos ofrecen a sus comunidades”, expresaronAntonio Meléndez y Jannice Pérez Figueroa, presidentes de la Federación y Asociación de Legisladores Municipales, respectivamente.
Ambas entidades argumentan en el escrito que el proyecto provocaría una pérdida anual estimada de $314 millones en ingresos para los municipios, lo que afectaría la estabilidad fiscal y la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos.
“La medida representa intereses adversos a la política pública del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), que establece la obligación del gobierno de proteger las fuentes de recursos municipales y garantizar su capacidad para atender de forma efectiva las necesidades del pueblo”, agrega el escrito de tres páginas.
Las resoluciones aprobadas también recuerdan que la Ley 107 reconoce a los municipios como “la entidad gubernamental más cercana al pueblo y el mejor intérprete de sus necesidades y aspiraciones”. En esa dirección, el Código Municipal dispone que todas las ramas de gobierno deben proteger las fuentes de ingreso de los municipios y que las facultades tributarias locales se interpreten en favor del pueblo representado por ellos.
Advierte, además, que la eliminación del impuesto sin un mecanismo compensatorio violenta ese principio y debilita la autonomía municipal. Por ello, las organizaciones recalcaron que la solicitud de veto a la gobernadora se fundamenta en la responsabilidad de salvaguardar los intereses de las comunidades que dependen de los servicios municipales y en la búsqueda de alternativas que promuevan el desarrollo económico de forma justa, equitativa y sostenible.
La Federación y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) solicitaron la semana pasada que la pieza legislativa sea devuelta al cuerpo legislativo de origen para incluir un mecanismo que sustituya los ingresos que hoy genera el impuesto. Sin embargo, la petición fue rechazada.
La resolución fue enviada a La Fortaleza, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Estado y a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) para su debida notificación y trámite oficial.
