Ante el total ambiente de discrepancias entre la Autoridad de Alianzas Públicas Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el consorcio LUMA sobre la realidad existente en el contrato y la alegada deuda para el manejo eficiente del sistema eléctrico, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, urgió a Legislatura, a que devele la pura verdad para beneficio del pueblo consumidor.
García Feliciano afirmó que los abonados residenciales, comerciales e industriales que sufren de un mal servicio por el que pagan sin remedio, sufren las consecuencias de debates estériles que consumen tiempo y energía, pero que no ofrecen resultados concretos.
“Me atrevería a señalar que, para la ciudadanía, hay más dudas que respuestas, independientemente de cuál sea su posición sobre la empresa contratada. Parecería justo pensar, que tanto LUMA como el gobierno, tienen la responsabilidad de poner en blanco y negro, cuál es la situación del cumplimiento de ese contrato, pero la controversia no produce ese resultado. No se puede esperar más”, adjudicó.
Ante ello, el Procurador del Ciudadano, accediendo a múltiples llamadas recibidas en su oficina y mediante contacto personal, para que intervenga en favor de los abonados, García Feliciano celebró que el Presidente de la Comisión cameral de Gobierno, representante Víctor Parés, realice el próximo martes 28 de octubre una vista legislativa sobre el asunto.
“Nuestro pueblo espera que se adjudiquen las responsabilidades que correspondan. Que se confronte a cada parte con la data que tengan que suplir, para de una forma seria y responsable, decirle al pueblo de Puerto Rico toda la verdad”, expresó con sentido de urgencia el funcionario.
García Feliciano hizo un breve recuento de parte de las controversias que han girado sobre el contrato suscrito con LUMA, y a pesar de haber ocupado la atención pública, ninguna ha trascendido con una solución al dilema.
Relató el exalcalde de Camuy que, en sus inicios, se discutía la ubicación de los empleados de Energía Eléctrica que no accedieron a trabajar con la nueva compañía. Eventualmente, la discusión giró en torno a lo poco accesible que era la gerencia con los alcaldes y alcaldesas. La próxima controversia lo fue el desganche y si podían o querían contratar ese servicio con los gobiernos municipales. Eventualmente, quedaron en traer brigadas para atender el desganche, lo cual nunca se materializó. Pero a cuatro años del contrato, siguió diciendo, las controversias continúan.
Sin embargo, siguió diciendo García Feliciano, el giro más reciente tiene que ver con que LUMA plantea que el gobierno le debe dinero, para poder llevar a cabo sus operaciones diarias. El gobierno estatal plantea todo lo contrario, asegurando que la empresa ha incumplido con las responsabilidades del desganche, el cambio de luminarias, mejoras a la infraestructura y otro sinnúmero de planteamientos.
“A esta fecha hay más dudas que respuestas. Dudas que no abonan a la credibilidad de nadie y que parecen complicar la situación. Es necesaria la mayor transparencia posible, para no dar paso a la especulación, que tanto daño le hace a la gestión de unos y otros”, planteó el Procurador.
Manifestó que la controversia debe contar con una auditoría independiente que revele si LUMA ha cumplido con el contrato que se le otorgó, o donde estriba realmente su incumplimiento contractual.
“Pero si lo que los anima es decir la verdad, tanto las Alianzas Público-Privadas, como la propia LUMA, podrían ofrecer esa información de una manera precisa, independientemente de cuál sea su opinión en la disputa pública que llevan”, indicó.
