En el marco de la conmemoración de octubre como Mes del Trabajo Social, la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega, advirtió sobre un preocupante retroceso en materia de derechos humanos, democracia y políticas públicas. Dicho retroceso, señaló, se manifiesta en la eliminación de derechos adquiridos y en la limitación de la ampliación de derechos para poblaciones vulneradas, como las mujeres, personas racializadas, migrantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+, lo que representa una amenaza a los principios fundamentales de la profesión.
“Nos enfrentamos a un contexto socio-político de creciente polarización, marcado por políticas conservadoras, discriminatorias y por narrativas que legitiman la exclusión. Estas acciones atentan directamente contra los principios fundamentales de nuestra profesión”, expresó la presidenta.
En su mensaje, la líder gremial resaltó la urgencia de atender las políticas migratorias en los Estados Unidos, las cuales han sido diseñadas y ejecutadas desde un marco de discrimen, odio y criminalización de las comunidades migrantes. Señaló que “estas medidas no solo desvirtúan los procesos migratorios, sino que generan un clima de temor y violencia hacia personas que, en su mayoría, migran en búsqueda de seguridad y mejores condiciones de vida. En el caso de Puerto Rico, recordó que comunidades provenientes de países como República Dominicana y Haití han sido esenciales para el desarrollo económico, social y cultural del país, y que cualquier política que las criminalice representa una afrenta a la justicia social”.
Del mismo modo, la presidenta denunció la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los Estados Unidos y por consecuencia en Puerto Rico, lo que calificó como un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos. Subrayó que estas iniciativas no son un lujo burocrático, sino mecanismos esenciales para visibilizar y enfrentar la discriminación estructural que sufren las mujeres y las personas LGBTIQ+. Su desmantelamiento, indicó, “invisibiliza la existencia de estas poblaciones y fomenta narrativas de odio que ponen en riesgo tanto la seguridad como los espacios laborales de quienes no responden a las normas heteronormativas y binarias”.
Asimismo, la presidenta alertó sobre el uso de la libertad de expresión como excusa para justificar discursos de odio, discriminación y exclusión. Explicó que el derecho a opinar no puede convertirse en un derecho a discriminar, y que, en contextos de polarización, esta práctica se ha convertido en una herramienta estratégica para legitimar ideologías excluyentes que amenazan la dignidad y la seguridad de grupos históricamente marginados.
“El Trabajo Social tiene el deber de resistir y combatir estas acciones del Estado que no se alinean con los principios y valores de nuestra profesión. Lo que está en juego es la vida, la dignidad y la seguridad de todas las personas”, afirmó la presidenta.
En el marco del Mes del Trabajo Social, el Colegio reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la equidad y la justicia social, al tiempo que convocó a los y las profesionales de la disciplina a insertarse en las discusiones de política pública. La institución subrayó que este es un momento histórico que exige un rol activo del Trabajo Social en la construcción de un país justo, solidario y equitativo.
