El representante del Distrito 22 (Utuado, Ciales, Lares, Jayuya y Adjuntas), Joe “Joito” Colón Rodríguez, presentó un proyecto de ley dirigido a ofrecer mayor justicia y flexibilidad a los pequeños comerciantes del país, al establecer que una primera infracción no conllevará penalidades económicas inmediatas, sino un aviso de multa con oportunidad de corrección.
La medida enmienda la Ley 454-2000, conocida como la “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, para disponer que las agencias gubernamentales emitan una advertencia formal ante la primera falta cometida por un pequeño negocio, otorgándole un término de treinta (30) días para corregir la deficiencia sin que se le imponga multa económica.
“Nuestro objetivo es que el gobierno deje de ser un ente punitivo y se convierta en un facilitador del desarrollo económico. Muchos pequeños comerciantes incurren en errores por desconocimiento o por la complejidad de la reglamentación. No es justo que por una primera falta se les imponga una multa que puede afectar gravemente su estabilidad o hasta provocar el cierre de su negocio”, expresó Colón Rodríguez.
El legislador explicó que la medida también pretende establecer que las agencias deberán modificar las penalidades económicas en todo o en parte, a pequeños negocios en casos de infracciones subsiguientes, siempre que la violación se corrija en un período apropiado de tiempo. En esos casos, la agencia podrá incluso condonar hasta un cien por ciento (100%) de la multa si los fondos se utilizan para corregir la falta.
“Esta medida busca fomentar una cultura de cumplimiento sin castigo excesivo, incentivando la corrección voluntaria y el fortalecimiento del empresarismo local, en especial de los agricultores bona fide y microempresarios con quince empleados o menos”, añadió el representante por Utuado, Ciales, Lares, Jayuya y Adjuntas.
Colón Rodríguez destacó que esta iniciativa equilibra la fiscalización gubernamental con la promoción de un ambiente de negocios más justo, humano y solidario, reforzando la política pública de apoyo al pequeño comerciante como motor esencial de la economía local.
“Los pequeños negocios son el corazón de nuestras comunidades y los principales generadores de empleo. Esta ley refuerza nuestro compromiso de protegerlos, ayudarlos a crecer y hacer de Puerto Rico un país más justo para quienes producen y aportan al desarrollo económico”, puntualizó.