En la tarde de ayer fue radicado ante la Legislatura Municipal el Proyecto de Ordenanza para el nuevo Código de Orden Público de Mayagüez, una iniciativa impulsada por el alcalde Jorge L. Ramos Ruiz, con el fin de reforzar la seguridad pública, promover la convivencia ciudadana y garantizar el orden en toda la ciudad.
El Alcalde explicó que esta medida busca modernizar las disposiciones actuales y atender los nuevos retos que enfrenta la ciudad. “Nuestro compromiso es con la seguridad y la calidad de vida de los mayagüezanos. Este nuevo Código de Orden Público responde a la necesidad de actualizar nuestras normas para asegurar una ciudad más ordenada, segura y justa para todos”, expresó.
La propuesta está acompañada de un informe técnico preparado por un comité especial creado en agosto, el cual celebró múltiples reuniones y análisis con el fin de evaluar la situación actual y proponer soluciones concretas y viables para los distintos sectores de la ciudad.
Uno de los cambios más significativos incluidos en el proyecto es que el nuevo Código será aplicable a toda la ciudad, no solo a zonas específicas. Además, se incorporan disposiciones actualizadas que responden a las necesidades del entorno urbano y a las preocupaciones expresadas por comerciantes, residentes y líderes comunitarios.
“Queremos que Mayagüez sea un modelo de convivencia y desarrollo responsable. Este proyecto no busca penalizar, sino fomentar la cooperación entre los ciudadanos, los comercios y el gobierno municipal para garantizar el bienestar común”, añadió Ramos.
En el caso del Centro Urbano Tradicional, el comité presentó recomendaciones adicionales enfocadas en la seguridad de los comercios y los espacios comunes, entre ellas:
– Requisito de contar con al menos un guardia de seguridad con licencia vigente, de jueves a domingo, en todo comercio que expenda bebidas alcohólicas.
– Instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el interior de los establecimientos, incluyendo al menos una cámara de alta resolución en la entrada principal.
– Conservación de grabaciones por un mínimo de 30 días, disponibles para investigaciones de la Policía Municipal o Estatal.
