Octubre representa un mes de celebración y reflexión profunda para quienes ejercemos el Trabajo Social en Puerto Rico. Es el tiempo en que recordamos la trascendencia de una profesión que, más allá de títulos o estructuras, encarna la defensa de la dignidad humana, la equidad y la justicia social. Sin embargo, también es una oportunidad para mirar hacia dentro, hacia nuestras condiciones laborales, hacia el trato institucional que recibimos. El ejercicio del Trabajo Social no puede reducirse a una función asistencial o burocrática. Cada gestión, intervención o evaluación es, en esencia, un acto de defensa de derechos humanos. Pero mientras defendemos los derechos de otros(as)(es), ¿quién defiende los nuestros?
A diario, trabajadoras y trabajadores sociales enfrentan cargas excesivas de casos, contratos temporeros, falta de supervisión profesional adecuada, salarios insuficientes y, en muchas instancias, ambientes laborales que no reconocen la naturaleza esencial y especializada de la profesión. Es un contrasentido ético y un acto de invisibilización institucional que se exija calidad de intervención y cumplimiento normativo, pero no se provean las condiciones básicas para ejercer con dignidad, autonomía profesional y respaldo técnico. El Trabajo Social no puede florecer en la precariedad. La Carta de Derechos, adoptada e impulsada por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, trascendió su carácter meramente ético para convertirse en ley, lo cual debe ser nuestra punta de lanza en la defensa de nuestra personalidad profesional. Esta legislación reconoce y garantiza los derechos fundamentales de los y las profesionales del Trabajo Social, reafirmando su papel esencial dentro del entramado social puertorriqueño y obligando a las instituciones a respetar nuestra ejecución profesional, abonando las condiciones necesarias para un ejercicio ético, digno y responsable.
Ignorar este hecho es vulnerar no solo al profesional, sino también la calidad del servicio que recibe el individuo, las familias y la comunidad. El llamado en este mes no debe limitarse a felicitaciones o afiches conmemorativos. Debe ser un ejercicio de autoevaluación profesional, institucional y de compromiso colectivo. Reconocer al Trabajo Social implica crear condiciones justas, invertir en capacitación continua, y fomentar espacios donde la voz profesional tenga peso en las políticas públicas y organizacionales. Observando esto como una obligación que honra la esencia de la justicia social que se promueve.
Los patronos que respetan y protegen a sus Trabajadores Sociales fortalecen su credibilidad, efectividad y la sostenibilidad de sus programas. En tiempos de crisis social, económica y emocional, Puerto Rico necesita más que nunca el ejercicio ético, valiente y humano del Trabajo Social. Pero también necesita que ese ejercicio esté respaldado por condiciones dignas y por un reconocimiento pleno de los derechos de quienes sostienen, día a día, los procesos de acompañamiento y transformación social. Es imperativo que retomemos la narrativa de la dignidad profesional como parte central de nuestra práctica. El respeto por el Trabajo Social no se exige solo desde la palabra, sino desde la acción consciente y organizada. Necesitamos continuar fortaleciendo las organizaciones profesionales que nos agrupan, como los espacios de incidencia legislativa y de visibilización pública. La defensa del bienestar social comienza también en el bienestar del profesional que lo ejecuta. Garantizar recursos adecuados, estabilidad laboral y participación en la toma de decisiones no es un privilegio, es una condición ética y estructural que asegura la continuidad y calidad de los servicios. Si deseamos transformar la realidad social del país, debemos comenzar por transformar las condiciones en que se ejerce la profesión que acompaña a quienes más lo necesitan.
Octubre nos invita no solo a celebrar lo que somos, sino a recordar lo que merecemos.
