El Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 635, de la autoría del senador de mayoría Luis Daniel Colón La Santa, para crear la Ley del “Programa Piloto de Centralización de Servicios para Personas con Discapacidad”, mejor conocida como la “Ley Centra”, con el propósito de transformar la manera en que las agencias del Gobierno ofrecen servicios a las personas con discapacidad, incluyendo a quienes forman parte del espectro autista.
“Es necesario crear un modelo centralizado, que permita agrupar los servicios de distintas agencias en un solo punto de contacto físico y/o virtual, con el propósito de brindar orientación, facilitar procesos y garantizar una experiencia digna, accesible y eficiente. Por tanto, esta medida crea la “Ley Centra”, mediante la cual se establecerá un programa piloto para centralizar los servicios gubernamentales dirigidos a personas con discapacidad, incluyendo individuos dentro del espectro autista, garantizando el principio de inclusión y equidad en la prestación de servicios”, dijo Colón.
El programa piloto contempla integrar servicios en áreas de salud, educación, vivienda, empleo, consejería, así como apoyos especializados para la población diagnosticada dentro del espectro autista. Además, la ley promueve la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de esta centralización en la calidad de vida de las personas participantes.
La propuesta “Ley Centra” estará bajo la coordinación de la Defensoría de las Personas con Impedimentos en conjunto con los Departamentos de la Familia, Salud, Educación, Trabajo y Recursos Humanos; Administración de Rehabilitación Vocaciones y el Centro de Servicios al Conductor (CESCO).
La medida detalla que el programa piloto tendrá una vigencia de dos años desde su aprobación. La Defensoría de las Personas con Impedimentos rendirá un informe a la Asamblea Legislativa al cumplirse el primer año y al finalizar el segundo incluyendo estadísticas, recomendaciones y un análisis de viabilidad para expandir el modelo a nivel Isla.
“Esta iniciativa legislativa reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la equidad e inclusión elevando a rango de ley una función que responde a las carencias identificadas en el acceso a servicios esenciales. Se vincula con los principios de derechos fundamentales establecidos en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico”, establece el informe de la medida.
