El representante del distrito 2 de San Juan y presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, Ricardo Rey “Chino” Ocasio Ramos, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 840. La iniciativa, de autoría del representante Edgar Robles Rivera, busca enmendar la “Ley para Garantizar el Acceso y Trato Digno a Personas con Diversidad en Establecimientos Privados”, y tiene el fin de reforzar las protecciones existentes para las personas con diversidad funcional, asegurando un trato digno, inclusivo y equitativo en negocios privados abiertos al público.
Según explicó Ocasio Ramos, esta ley es un compromiso real para garantizar que todas las personas con diversidad reciban un trato justo y equitativo. “Los derechos no pueden quedarse en papel; tienen que sentirse en la vida real. Y hoy evaluamos este proyecto porque tenemos la responsabilidad de asegurar la inclusión plena de quienes tienen alguna condición o impedimento, eliminando barreras y protegiendo sus derechos. Esa es nuestra responsabilidad”.
De igual manera, el legislador, enfatizó que aunque existen leyes como la Ley 238-2004 conocida como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, continúan ocurriendo casos donde personas con condiciones en el desarrollo como el autismo, son discriminadas en varios establecimientos.
El Proyecto de la Cámara 840 establece medidas que incluyen adiestramiento obligatorio para empleados, mecanismos accesibles para presentar querellas, auditorías aleatorias y un certificado voluntario de “Establecimiento Inclusivo” para negocios que cumplan con los estándares de la ley. Además, contempla sanciones económicas de hasta $5,000.00 para quienes incumplan con las disposiciones, garantizando así una fiscalización efectiva y continua. Los fondos recaudados por concepto de multas ingresarán a una cuenta especial de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI).
También bajo la enmienda se propone la capacitación anual obligatoria para el personal sobre interacción con personas con diversidad, designación de un punto de contacto interno para atender querellas, implementación de mecanismos accesibles para presentar y resolver quejas en un plazo máximo de 15 días laborables y auditorías y visitas aleatorias por la DPI.
Aunque la Defensoría avala la medida, el licenciado José Montalvo, mediante ponencia, indicó que su implementación requiere fondos adicionales y otros recursos para asegurar el cumplimiento. “Si podemos identificar la partida de nómina necesaria para ejecutar este mandato, estaremos en condiciones de llevarlo a cabo. Reconocemos que esta medida es un esfuerzo loable para atender las necesidades de las personas con impedimentos”, afirmó Montalvo.
“Reconocemos que la medida en discusión constituye una acción legislativa loable, necesaria, y consistente con el mandato constitucional de proteger la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Sin embargo, proponemos enmiendas que aseguren que la ley se implemente con un balance razonable entre educación, sensibilización y la colaboración, antes que la multa estricta, de modo que no se perciba como una imposición punitiva desproporcionada, sino como un esfuerzo concertado entre el Estado, y todos los establecimientos, a fin de garantizar la aceptación, efectividad y permanencia de esta medida. Solo así lograremos que todas las personas ya sea con diversidad funcional o cognitiva gocen, de un trato digno y respetuoso que nuestra Constitución y las leyes les garantizan” sostuvo por su parte Edwin García Feliciano, procurador de la Oficina del Procurador al Ciudadano.
El legislador Ocasio Ramos reconoció la posición de los ponentes respecto al tema del presupuesto; sin embargo, enfatizó que es meritorio evaluar la legislación considerando el bienestar de las personas con diversidad.
“Reconocemos que puede existir la necesidad de aumentar el presupuesto, pero, dada la importancia de esta ley, entendemos que es meritorio evaluarla, ordenando a las agencias pertinentes tomar las medidas necesarias para su implementación en su debido momento. Todos debemos hacer los arreglos necesarios, pues los derechos y la dignidad de las personas con diversidad no pueden estar sujetos a la asignación —o no— de fondos adicionales”, concluyó.
