Por: Olga del Mar Reyes
Colegio de Profesionales del Trabajo Social
En los últimos días, hemos sido testigos de cómo las instituciones encargadas de la salud pública en Estados Unidos han promovido recomendaciones sobre el autismo y otros temas de neurodesarrollo que no solo carecen de base científica, sino que además resultan peligrosas para la ciudadanía. El anuncio presidencial que vincula el uso de acetaminofén durante el embarazo y las vacunas con el autismo, y que propone tratamientos médicos no probados como la leucovorina para “mejorar” los síntomas autistas, ha generado una ola de preocupación en Puerto Rico, incluyendo a quienes trabajamos por la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
El trabajo social, como disciplina, tiene la responsabilidad ética y profesional de posicionarse críticamente frente a estos discursos y políticas. Organizaciones como la Autistic Self Advocacy Network (ASAN) han condenado enérgicamente la desinformación promovida por el gobierno, subrayando que el autismo es una manifestación natural de la diversidad humana y que las personas autistas no necesitan ser “curadas”, sino apoyadas y respetadas en su autonomía y autodeterminación. ASAN advierte que el uso de datos limitados y desactualizados para justificar cambios en las recomendaciones médicas, lejos de proteger, expone a la población a riesgos innecesarios y perpetúa el estigma y la exclusión.
Por su parte, la American Psychiatric Association (APA) ha reiterado que no existe evidencia que vincule las vacunas o el acetaminofén con el autismo, y que cualquier decisión sobre tratamientos debe ser tomada entre la persona y su médico, basada en evidencia sólida y no en especulaciones políticas. La APA también señala que la leucovorina no es un tratamiento recomendado para el autismo y que se requiere mucha más investigación antes de considerar su uso.
En este contexto, el trabajo social debe asumir un compromiso con la neurodiversidad y la defensa de los derechos de las personas neurodivergentes. El paradigma de la neurodiversidad nos invita a abandonar los enfoques patologizantes y a centrar nuestras prácticas en el respeto a las diferencias, la inclusión y la participación activa de la población autista y sus familias en la construcción de políticas y servicios. Nuestro rol no es reproducir discursos médicos reduccionistas ni actuar como extensión de los servicios de salud, sino crear espacios donde las voces de las personas neurodivergentes y de sus familias sean escuchadas, amplificadas y puestas en el centro de la toma de decisiones.
Ante la proliferación de información errónea y recomendaciones dañinas, el trabajo social debe actuar como un contrapeso ético y político, promoviendo la justicia social, la evidencia científica y la dignidad de todas las personas. Esto implica cuestionar activamente las políticas públicas que no responden a las necesidades reales de las comunidades, denunciar la desinformación y abogar por la creación de servicios y apoyos basados en el respeto, la inclusión y la autodeterminación.
La transformación social que buscamos no se alcanzará reproduciendo paradigmas obsoletos ni aceptando acríticamente las recomendaciones de las autoridades. Solo a través de un compromiso genuino con la neurodiversidad, el diálogo con las comunidades y la defensa activa de los derechos humanos podremos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todas las personas.
