La Federación de Alcaldes de Puerto Rico endosó este miércoles el Proyecto del Senado 433, medida que busca enmendar varios artículos del Código Municipal de Puerto Rico para establecer un nuevo marco en torno al impuesto al inventario.
El proyecto, evaluado en vista pública por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside el senador Thomas Rivera Schatz, propone fijar para los años fiscales 2024 al 2028 la contribución sobre inventario con base en un promedio de valoración y en la tasa contributiva vigente para el 2024-2025. Además, otorgaría al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la facultad de requerir información contributiva al Departamento de Hacienda, con el fin de establecer un mecanismo que permita sustituir eventualmente este impuesto.
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, explicó que este asunto lleva años en discusión y que la medida es un paso necesario para atenderlo.
“El impuesto al inventario es una fuente de recaudo importante para los municipios. Este proyecto crea un balance al ofrecer un alivio contributivo a los comerciantes sin afectar los ingresos que necesitamos para ofrecer servicios esenciales. Por eso endosamos su aprobación”, expresó el también alcalde de Camuy.
Recordó que la eliminación total del impuesto al inventario dejaría a los municipios sin casi $300 millones anuales, una pérdida significativa en momentos en que los ayuntamientos enfrentan una necesidad adicional de cerca de $450 millones para sostener sus operaciones básicas. La situación fiscal se agrava por otras obligaciones; en los años fiscales 2023 y 2024, los municipios pagaron al gobierno central $456.3 millones y $462.3 millones, respectivamente, para cubrir el cargo de PayGo, la aportación a la ASES y al fondo de redención de deuda.
Hernández Rodríguez recalcó que, bajo ese panorama, medidas como el PS 433 son indispensables para garantizar estabilidad. “No se trata de defender un impuesto por defenderlo, sino de reconocer que los municipios dependen de esos recaudos para ofrecer servicios directos. Si se va a modificar o sustituir, debe hacerse con alternativas que mantengan ingresos suficientes y predecibles”, sostuvo.
Como parte de las enmiendas propuestas, el organismo recomendó que el valor del inventario sujeto a contribución se calcule con base en lo reportado en las planillas del año fiscal 2024, de forma que exista certeza contributiva y no se afecten los recaudos municipales. Además, propuso que el CRIM, al presentar sus informes sobre mecanismos para sustituir el impuesto, garantice que se incluyan alternativas viables que mantengan los ingresos de los municipios.
Entre las soluciones planteadas se mencionó la posibilidad de establecer un nuevo mecanismo contributivo sobre la propiedad mueble, basado en el costo de lo vendido en relación con el inventario y con tasas reducidas.
El presidente federado destacó que solo en el año fiscal 2025 se estima que el impuesto al inventario representará $318.7 millones en ingresos para los municipios. De esa cifra, 534 contribuyentes aportan el 80% del total recaudado, lo que refleja que la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes pagan una cantidad mínima en comparación.
“Lo que estamos defendiendo aquí es un balance justo. Este proyecto es un primer paso hacia un modelo más moderno que alivie a los comerciantes, pero que también asegure que nuestros municipios tengan los recursos para seguir de pie”, explicó el ejecutivo municipal.
