Bajo la dirección personal del Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, la Oficina del Procurador del Ciudadano celebró una reunión interagencial para concertar los esfuerzos para la actualización del inventario de propiedades públicas de Puerto Rico.
Este es un paso asertivo para dar cumplimiento a los requerimientos impuestos al gobierno estatal por la Junta de Supervisión Fiscal y contenidas en la Carta Circular 01-2024.
“Pilar del progreso, del desarrollo económico, del bienestar y calidad de vida de nuestro pueblo es tener con certeza este inventario, así como el uso actual o posibles alternativas de uso en el futuro”, indicó el Ombudsman.
La reunión a esos fines, según detalló García Feliciano, contó con la asistencia de representantes del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Departamento de Vivienda (DV), Departamento de Educación (DE), Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), y el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) adscrito a la AFFAF, entre otras entidades.
“Encaminamos un plan de trabajo con el insumo de todas las agencias participantes, enfocados en lograr resultados en tiempo y espacio definidos, con el propósito de acometer la tarea con una visión unificada sobre metas y la manera sistematizada de recopilar la información veraz que cumpla con las directrices. Me siento optimista que iniciemos con entusiasmo este proyecto”, comentó el Procurador del Ciudadano.
Destacó García Feliciano que la principal relevancia que pretende el inventario, es contar con información fáctica y precisa sobre las propiedades gubernamentales, incluyendo su condición legal, estructural y de uso actual.
En ese sentido, aplaudió la iniciativa del Departamento de Transportación y Obras Públicas que diseñó la plataforma que contendrá la información recopilada, según la obligación legal investida en esa agencia.
“Este esfuerzo colaborativo con el DTOP y CEDBI, es esencial para garantizar la transparencia y el manejo eficiente de los activos del Gobierno. Cada agencia tiene un rol protagónico y es fundamental que trabajemos unidos para lograr un inventario completo y confiable”, expresó el Ombudsman, convencido de que se podrá acometer la tarea con una radiografía que defina con exactitud y las condiciones reales del inventario.
Entre los acuerdos establecidos, según informó García Feliciano, se encuentra la validación de los inventarios por cada agencia, la designación de usuarios responsables con acceso al Sistema Unificado de Bienes Inmuebles (SUBI), y la integración de otras entidades claves en este proceso.
Las identificó como el CRIM, la Junta de Planificación, el Registro de la Propiedad y el Departamento de Agricultura.
La Oficina del Procurador del Ciudadano continuará apoyando estos esfuerzos con DTOP, en el compromiso de fomentar una gestión pública responsable, transparente y en cumplimiento con las leyes vigentes.
“Establecimos la agenda y las fechas del seguimiento del progreso en recopilar y verificar la información en cada agencia. Posteriormente se integrará la data en un expediente unificado de manera que el gobierno y cada agencia en particular, compartan la misma información precisa”, apuntó García Feliciano.
