Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) y Minerva Gómez, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) les dan la bienvenida a las inspecciones aleatorias en cualquiera de los 1,100 hogares afiliados a ambas organizaciones, a la vez que rechazaron tajantemente la práctica ilegal e inmoral de sedación indebida a los residentes.
Ante las expresiones públicas relacionadas con alegaciones de sedación indebida en hogares de cuido prolongado y los recientes cierres de facilidades por parte del ente regulador, ambos confirmaron que los ocho (8) hogares que cerró el Departamento de la Familia durante el período de enero a mayo “eran clandestinos y no licenciados, mucho menos pertenecían a organizaciones bonafide que cumplen con las leyes estatales y federales, así como los reglamentos vigentes”.
El presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) expresó que “somos parte de una industria altamente regulada. La gran mayoría de los hogares licenciados en Puerto Rico operan bajo estrictas regulaciones del Departamento de la Familia y Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA). Nuestras instituciones cumplen con protocolos de inspección, auditoría y visitas sorpresas que garantizan la calidad de los servicios. Por ende, generalizar a toda la industria por casos aislados crea una percepción equivocada y perjudica la confianza de las familias y el sacrificio de cientos de cuidadores que trabajan con amor y compromiso”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración dijo que “respaldamos la supervisión justa y rigurosa en los hogares de cuido prolongado, pero rechazamos expresiones generales sin evidencia que ponen bajo sospecha a toda una industria comprometida con nuestros adultos mayores”. De hecho, ya envió una carta sobre el particular al representante Wilson Román López y a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
Gómez destacó que “la fiscalización debe ser objetiva, proporcional y dentro del marco de la ley, evitando prácticas comparables a ‘fishing expeditions’ que solo generan desconfianza. Nos preguntamos; ¿esas alejadas quejas, fueron referidas a la Unidad de Maltrato Institucional del Departamento de la Familia? ¿Fueron investigadas? ¿Se rindieron informes? Reclamamos el debido proceso de ley. Aquella facilidad que incumple en garantizar un cuidado protector y responsable deberá afrontar las consecuencias, pero es esencial que se garantice un proceso marcado en la ley. Generalizar afecta a toda nuestra industria de servicios”.
Morales Adorno no sólo planteó su enérgico rechazo a prácticas inadecuadas, sino que destacó que todo medicamento, máxime si son controlados, se guardan de manera similar a los hospitales. “Los hogares cuentan con un registro de medicamentos, donde se registra la dosis que se le suministra al adulto mayor, con la hora y la inicial del nombre del cuidador que administra el medicamento. Una vez el adulto mayor sale de la facilidad, estos medicamentos se tienen que despachar y la forma correcta es que se llame a la farmacia con la que el hogar tiene contrato para que recoja los medicamentos y se encargue del desperdicio de los mismos”.
“Todas las instituciones de cuido prolongado en Puerto Rico debidamente licenciadas tienen médicos generales, médicos internistas y psiquiatras que visitan nuestras facilidades y son quienes recetan medicamentos a los adultos mayores, de acuerdo con su condición. El hogar solamente despacha el medicamento, según la orden médica. Nosotros no podemos administrar medicamentos sin que un médico lo autorice, y esta función la realiza un enfermero, quien está vigilando que el control de los medicamentos se realice adecuadamente”, resumió el presidente de FICPRO.
Como organización que agrupa a instituciones comprometidas con el bienestar de las personas mayores, Morales Adoro rechazó de manera categórica cualquier práctica que atente contra la salud, dignidad y derechos humanos de nuestros residentes. Afirmó que “la utilización indebida de medicamentos como forma de control no solo es antiética, sino también ilegal, y debe ser investigada y sancionada con el mayor rigor”.
Llamado al fortalecimiento institucional
Tanto FICPRO como la ADCCLD coincidieron con el planteamiento de que se deben mejorar las leyes y dotar de mayores recursos, tanto al Departamento de la Familia y ASSMCA. “Esto permitirá reforzar las investigaciones, promover programas de actividad física y garantizar mejores herramientas de fiscalización. Sin embargo, este fortalecimiento debe ir acompañado de políticas públicas que reconozcan la importancia de los hogares de cuido prolongado como un servicio esencial para un país que envejece rápidamente”.
Nuestra exhortación
Exhortaron a toda familia que tenga la necesidad de ubicar a un ser querido en un hogar, a verificar que la institución esté debidamente licenciada y cumpla con los requisitos de ley. Al mismo tiempo, “reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a las agencias reguladoras, la Legislatura y la sociedad civil para elevar los estándares de atención, proteger la dignidad de las personas mayores y asegurar un futuro de calidad para quienes nos antecedieron”.
