El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz anunció que se unirá como amicus curiae (amigo de la corte) en la acción legal presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual se impugna una cláusula contractual que exime a la empresa LUMA Energy de responsabilidad civil por actos de negligencia en la prestación del servicio eléctrico.
La demanda, presentada al amparo de la Ley Orgánica del DACO (Ley Núm. 5 de 1973), solicita que se declare inconstitucional la cláusula 4.1(g) del contrato entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en 2021. Dicha disposición contractual, según se argumenta, constituye una delegación indebida de facultades legislativas y vulnera el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de Puerto Rico.
“Desde el Senado hemos advertido, de los riesgos que representa este contrato para los derechos de los ciudadanos. Esta cláusula busca blindar a LUMA frente a actos de negligencia ordinaria, algo inaceptable en un servicio tan esencial como la energía eléctrica. Por eso no solo respaldamos la acción del DACO, sino que nos uniremos formalmente al caso como amigos de la corte en defensa del pueblo”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Según datos compartidos por el DACO, más de 1,800 casos documentados en vistas públicas reflejan daños a enseres y propiedades que podrían estar relacionados con fallas operacionales atribuibles a LUMA. La cláusula impugnada restringe el derecho de los consumidores a reclamar por estos daños, incluso cuando resulten de actos de negligencia ordinaria en la operación del sistema eléctrico.
El Senado reafirma su compromiso con la defensa de los derechos adquiridos por los consumidores y hace un llamado a todas las agencias reguladoras y ramas del gobierno a actuar dentro del marco constitucional. Esta acción legal representa un paso firme hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“El gobierno responde al pueblo y desde el Senado rechazamos toda acción que coarte los derechos de los ciudadanos. La intervención del Senado en este caso reafirma nuestro deber constitucional de velar por el bienestar público y por la integridad del marco jurídico que rige los servicios esenciales en Puerto Rico”, concluyó Rivera Schatz.
