– La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) reconoció en vista pública de la Cámara de Representantes que la torre de telecomunicaciones levantada en el barrio Mameyal, en Dorado, fue construida mediante un trámite incorrecto debido a que la compañía operadora Elite Towers, LLC desinformó a la agencia sobre los cumplimientos requeridos para completar la obra.
La dependencia adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) pronunció ante la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, que Elite Towers emitió una solicitud para obtener el permiso de uso a pesar de que la empresa estaba enterada de una revocación judicial sobre el permiso de construcción original del proyecto.
“La agencia eso es lo que puede observar de los documentos… Se certificó un permiso de uso cuando la parte que lo solicitaba tenía conocimiento que su permiso de construcción, que daba base a poder certificar el uso, ya había sido revocado”, explicó Miguel Mihaljevich, abogado de la OGPe.
El licenciado detalló que el caso se originó en enero de 2022 cuando Elite Towers, por conducto del ingeniero Francisco Rivera Torres, presentó ante la OGPe la solicitud de permiso de construcción de la torre de telecomunicaciones a ser ubicada en un lote en la carretera PR-698 del barrio Mameyal.
Pese a los intentos del Municipio de Dorado por detener la obra, la OGPe posteriormente aprobó y expidió el permiso de construcción en septiembre de ese mismo año y el ayuntamiento continuó sus esfuerzos al solicitar revisiones administrativas, dijo Mihaljevich.
Inconforme con las determinaciones de la OGPe, el gobierno municipal acudió al Tribunal de Apelaciones y el foro judicial dejó sin efecto el permiso de construcción debido a la falta de recomendaciones por parte de la Compañía de Turismo como lo exige la Ley de Zonas de Interés Turístico (Ley 374-1949).
Mihaljevich defendió la gestión de la OGPe al insistir en que los permisos de construcción y de uso son trámites radicados aparte. Para la agencia es impracticable “cuestionar todos los casos”, por lo que la mayoría de los permisos se presumen válidos y obedecen las disposiciones legales, añadió.
“No solamente continuaron con la operación de la antena, sino que informaron su cumplimiento y solicitaron el permiso de uso certificado. Por mucho que usted haya agotado todo, que haya pagado todo el fondo, que haya pagado todos los arbitrios… si el Tribunal de Apelaciones finalmente lo revoca, ese permiso muere”, manifestó el abogado.
La OGPe tiene ante su consideración un nuevo permiso de construcción que Elite Towers sometió a pesar de que la construcción de la torre de telecomunicaciones ya fue completada. Mihaljevich informó que la empresa tiene una serie de requerimientos como parte del análisis de la OGPe, incluyendo la certificación de un agrimensor que asegure que la torre está a 100 metros de distancia de una escalera localizada en la residencia más cercana a la estructura.
La investigación cameral surge por medio de la Resolución de la Cámara 178, presentada por la representante Elinette González Aguayo ante reclamos de la comunidad por la cercanía que tiene la estructura con las viviendas y los efectos que podría ocasionar en la salud de los residentes.
“Yo quisiera saber si alguien me puede certificar que eso cumple con los parámetros, solamente de la distancia a la residencia, cuando allí claramente hay otros lugares donde se podía poner”, manifestó la legisladora González Aguayo, quien representa el Distrito 11 de Dorado, Vega Alta y Vega Baja. González Aguayo testificó en la vista pública que es vecina de la comunidad de Mameyal y una de las residentes afectadas por la torre.
“Que quede meridianamente claro que se ha traído a esta vista pública que este proceso ha estado viciado de errores, de información no del todo clara”, agregó la representante, al tiempo que pidió que se expidan “serias multas” hacia Elite Towers y la citación a vista pública del Departamento de Justicia.
Por su parte, la Junta de Planificación afirmó que los hallazgos iniciales del caso reflejaron que, al momento de la inspección, el uso del terreno y la cantidad de espacios de estacionamiento cumplían con lo requerido por los permisos otorgados.
En una ponencia firmada por el presidente Héctor Morales Martínez, la agencia se limitó a decir que cualquier acción adicional debe posponerse hasta que se concluya la evaluación administrativa de la controversia. En su lugar, hizo un llamado a modificar la Reforma de Permisos (Ley 161-2009) al argumentar que el estatuto pone trabas legales en cuanto a la fiscalización del proceso de permisos y limita que la agencia pueda revocar una certificación.
De acuerdo con José Díaz Ramos, oficial legislativo de la Junta, ahora corresponde al organismo esperar la determinación de la OGPe sobre el nuevo permiso de construcción. En caso de que la OGPe no certifique la edificación de la obra, la Junta podría intervenir mediante una orden del tribunal y catalogar la torre como ilegal.
“Tanto la Junta de Planificación, como OGPe, pueden ir también a solicitarle al tribunal de que se revise, porque aquí hubo información falsa o indebida que no se dio como manda el procedimiento. Las agencias también tienen la facultad para ir a los tribunales, ya que está claro que no cumplieron con los permisos adecuados”, expresó, mientras tanto, el representante Franqui Atiles
Indagan permisos de gasolinera en San Lorenzo
La Comisión de Desarrollo Económico también atendió la Resolución de la Cámara 224, que investiga si el desarrollo de una nueva gasolinera en la carretera PR-183, en San Lorenzo, cumplió con las obligaciones legales para la otorgación de permisos y las condiciones ambientales por su colindancia con el Río Grande de Loíza.
La pesquisa cameral es impulsada por el representante José Aponte Hernández con el respaldo de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), organización que denunció un proceso contaminado y en violación a la Ley para Regular la Industria de la Gasolina (Ley 73 de 1978).
“El otorgamiento irregular de permisos de construcción para nuevas estaciones de gasolina desvirtúa el marco regulatorio y la confianza pública. Erosiona la viabilidad de los detallistas existentes y los empleos que generan”, reprochó el presidente de la ADG, Ramón Ortiz Erazo, acompañado en el público por decenas de operadores y empleados de gasolineras.
El líder de los minoristas aseveró que del expediente de la OGPe surge que los trabajos de construcción del garaje en el barrio Cerro Gordo comenzaron el 6 de noviembre de 2023 a pesar de que la empresa VPP Holdings, LLC no había evidenciado el cumplimiento con las obligaciones de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que fueron notificadas mediante una carta con fecha del 12 de diciembre de 2023.
Ortiz Erazo señaló que tampoco consta del expediente alguna evaluación hidrológica ni plan de manejo de escorrentías conforme a la Reforma de Permisos. Comentó, además, que los documentos incluidos en el informe no son aplicables al proyecto según es contemplado actualmente y no se evidencia la existencia de un estudio de viabilidad.
El representante Aponte Hernández alegó que la compañía no tomó las preocupaciones necesarias para evitar que las escorrentías lleguen hacia el río, como la colocación de pacas de heno que son comunes en construcciones cercanas a cuerpos de agua.
“Podrán decir de aquí en adelante que tomaron tal o cual previsión, que tuvieron tal situación o la otra, que cumplieron con la ley como cuando se llamó para notificarles de la vista (pública). Es una falta de respeto a la naturaleza, al Río Grande de Loíza, a los constituyentes que día a día estamos allí”, manifestó el legislador.
La Junta de Planificación puntualizó en su ponencia escrita que, luego de atender al menos 4 querellas sobre la otorgación de los permisos, concluyó que no existía causa suficiente para proceder con alguna acción administrativa adicional.
Según el organismo, lo único que constaba al momento de hacer su análisis era una enmienda al permiso de construcción otorgado por la OGPe, limitada al cambio de nombre del proyecto. La agencia también determinó que no surge evidencia de que haya realizado auditoría alguna en relación con los permisos discutidos.
Sin embargo, el oficial legislativo de la Junta se comprometió en referir los planteamientos que transcurrieron en la vista pública a la División de Auditorías y Querellas para iniciar una investigación.
De esta audiencia pública participaron, de igual forma, los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, Víctor Parés Otero y Wilson Román López.
