La Cámara de Representantes aprobó este lunes con 36 votos a favor la medida que propone imponer el cobro de arbitrios a las casetas enclavadas en el litoral costero de La Parguera por el uso de los terrenos y las aguas públicas en un esfuerzo por atender la incertidumbre jurídica relacionada con estas estructuras.
La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Elienette González Aguayo, presentó durante los trabajos de la sesión ordinaria un informe positivo sobre el Proyecto de la Cámara 269 tras la evaluación en vistas públicas de la legislación presentada por La Fortaleza que establecería una “Zona de Planificación Especial Turística” en La Parguera.
“Uno de los aspectos más importantes de esta medida es que se deja meridianamente claro que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse en el sentido de que el gobierno de Puerto Rico está cediendo sus derechos sobre terrenos de dominio público y las aguas del litoral costero, llevando un mensaje claro de que La Parguera no se vende, no se transfiere y no se pierde”, manifestó la legisladora durante su exposición sobre la pieza legislativa.
Sin embargo, la medida recibió el rechazo de las delegaciones de minoría parlamentaria bajo reclamos por parte de los legisladores sobre la intención de “legalizar” las 147 estructuras que están ubicadas en la zona marítimo-terrestre y que han sido objeto de controversias legales durante décadas.
La representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), reprochó las enmiendas incluidas en el proyecto que otorgan las concesiones por un término de 20 años sujeto a la posibilidad de renovación al culminar ese período.
“No se trata de estar en contra del desarrollo económico, pero el desarrollo económico que debemos estar impulsando es uno sostenible, con un enfoque integral que considere no solo el crecimiento económico, sino también el impacto social y ambiental de las actividades económicas que se pretendan llevar a cabo. Esto, por supuesto, no es lo que pretende el Proyecto de la Cámara 269”, objetó la legisladora.
Entretanto, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionó la falta de opinión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y otras agencias federales con jurisdicción sobre la zona de La Parguera durante el trámite legislativo del proyecto. La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también emitió un voto en contra de la medida.
La representante González Aguayo insistió en que el proyecto traerá una variedad de beneficios para la zona de La Parguera, como la destinación de al menos 50% de los cánones cobrados a los programas de protección y “manejo adecuado” de la Reserva Natural. Los cánones que se podrán cobrar serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles en Puerto Rico, según la legislación.
Además, aseguró que la medida ordena a los propietarios de las casetas el cumplimiento de unos requisitos que “pondrán fin a décadas de incertidumbre”. Entre ellos, los titulares tendrán 60 días a partir de la aprobación de la ley para presentar ante el DRNA certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias y un diagrama actualizado de la superficie ocupada.
La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, González Aguayo adelantó que esta gestión ya fue iniciada y varios dueños de las estructuras ya han iniciado comunicaciones con el DRNA para someterse al proceso. La legislación, de igual forma, prohibiría la construcción de nuevas casetas o la ampliación de las que ya están edificadas.
“La Parguera permanece y permanecerá bajo la protección y control absoluto del pueblo de Puerto Rico”, señaló la representante.
Avalan medida para monitorear costos de los medicamentos
El Proyecto de la Cámara 1, que persigue monitorear el costo de los 50 medicamentos recetados con más frecuencia a los adultos mayores y pacientes sin cubierta médica en Puerto Rico, recibió el favor del cuerpo legislativo con el fin de vigilar el cumplimiento de la política pública de precios justos establecida en la Ley 7-2019.
La medida del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez enmendaría el estatuto que actualmente dispone el monitoreo de los 300 medicamentos más recetados a través de la recopilación de estadísticas por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES).
“Esta medida va enfocada a garantizar un trato justo en el despacho de medicamentos para personas que no cuentan con un plan de medicinas. El monitoreo de los precios de los medicamentos más recetados y despachados nos brindará la data necesaria para defender al consumidor”, indicó el líder legislativo.
“Por otra parte, no podemos olvidarnos de la realidad demográfica que vivimos, la cual detalla un mayor uso de medicamentos por parte de casi un tercio de nuestra población”, abundó.
La pieza legislativa, que obtuvo 48 votos a favor, propone la elaboración de la base de datos con aquellos medicamentos cuyo valor al detal sobrepasen los $100. Al presente, la Ley 7-2019, llamada la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados, ordena el monitoreo de los 300 medicamentos más recetados y no dispone la vigilancia de un costo en particular.
