El Senado aprobó por unanimidad la Resolución del Senado 172 del senador del Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, que ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021.
Esta legislación, conocida como la «Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico», fue diseñada para establecer una oficina adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) y asegurar el acceso equitativo a los servicios gubernamentales para las personas sordas, promoviendo la concienciación sobre sus derechos y facilitando la comunicación con las agencias gubernamentales.
A más de tres años de su aprobación, persisten serias preocupaciones sobre si la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda opera conforme a los términos de la ley y si se han asignado y utilizado los fondos de manera correcta para lograr sus objetivos. La comunidad sorda en Puerto Rico continúa enfrentando barreras significativas para acceder a servicios esenciales debido a la falta de recursos, intérpretes de lenguaje de señas, capacitación adecuada en agencias gubernamentales y un desconocimiento general de sus derechos.
«El acceso equitativo a los servicios gubernamentales es un derecho fundamental para todos, y es inaceptable que nuestra comunidad sorda siga enfrentando obstáculos tan básicos para ejercerlo,» afirmó el senador Héctor “Gaby” González. «Con esta resolución, buscamos una auditoría completa para asegurar que la Ley 22-2021 esté cumpliendo su propósito. Necesitamos saber si la Oficina Enlace está plenamente operativa, cómo se están utilizando los recursos y qué deficiencias impiden su efectividad. Nuestro compromiso es garantizar que esta ley impacte positivamente la vida de las personas sordas en Puerto Rico”
Con la aprobación de la media, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, como organismo legislativo encargado de estos asuntos, deberá realizar la investigación. El propósito es determinar el estado actual de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, la asignación y utilización de sus recursos, los servicios brindados hasta la fecha y cualquier limitación que afecte su efectividad. Las conclusiones de esta investigación serán fundamentales para proponer las recomendaciones necesarias y asegurar la plena implementación de la ley.
