La Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzanda (OPPEA) recibió unas 952 querellas de maltrato y otros delitos contra adultos mayores en sus comunidades desde octubre de 2024 hasta finales del mes de febrero del presente año. Mientras que para el año fiscal 2023-2024 la cantidad de querellas registrada para personas de edad avanzada, que residen en centros de cuidado prolongado, ascendió a 2,246. En total, la OPPEA contabilizó unas 8,138 querellas, incluyendo las de centros de cuido, para el ante mencionado periodo. De esas 2,103 fueron contra hijos. Mientras que unas 109 fueron de los proveedores de servicios. “Estas cifras son reveladoras y detallan un patrón de maltrato de menores en Puerto Rico que tenemos que atender con urgencia. El norte de este proyecto de ley es brindar más herramientas a las agencias de ley y orden para la investigación y el eventual procesamiento dequienes maltratan a nuestros adultos mayores”, sostuvo el representante Félix Pacheco Burgos. Los datos surgieron durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, que preside Pacheco Burgos, celebrada ayer, martes, para evaluar al Proyecto de la Cámara 487, medida de Administración que busca enmendar el Artículo 7.04(a) de la Ley Núm. 20 – 2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso a los fines de disponer que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tendrá jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución dedicada al cuido de adultos mayores. “El Proyecto de la Cámara 487 es una medida acertada para combatir la explotación financiera de adultos mayores en entornos institucionales. Su aprobación fortalecerá la investigación y procesamiento de casos criminales”, señaló la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, doctora Yolanda Varela. Mientras que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, expresó su respaldo a la medida a través de un memorial explicativo. La pieza legislativa también contó con el apoyo del Departamento de Justicia, entidad que propuso una enmienda para incluir al NIE en la lista de las agencias que aparecen el Artículo 8 de la Ley 121-2019, mejor conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, así como la Ley 76-2020 (Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos). En esta audiencia pública estuvieron tanto la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, como el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz. Según información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el 2023, 1 de cada 5 personas tiene 60 años o más. Por otra parte, unas 785,016 personas cuentan con 65 años o más, lo que representa el 23.2 por ciento de la población.
