La Cámara de Representantes aprobó -ayer en la tarde y de forma unánime- el Proyecto de la Cámara 180, presentado por el representante Edgar Robles Rivera, quien representa los pueblos de Arecibo y Hatillo y también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor. La medida corrige un desfase legal en el Código Penal y aumenta las penas en casos de explotación financiera contra adultos mayores. “En esta etapa de sus vidas, nuestros adultos mayores merecen respeto, no abuso… Esta medida defiende su dignidad y asegura que quienes se atrevan a aprovecharse de ellos enfrenten consecuencias muy serias… Esta lucha la hago con el corazón en la mano y total compromiso inquebrantable”, expresó Robles Rivera. El proyecto enmienda el Artículo 127-C, del Código Penal, y aumenta las penas por el delito, igualándolas con las del Artículo 182, sobre apropiación ilegal agravada. La explotación financiera dejará de ser un delito menos grave si la cantidad envuelta es hasta $2,500, imponiéndose cinco años de cárcel. Si el valor es entre $2,501 y $10,000 se impondrán ocho años. Y si excede los $10,001, la pena será de 12 años. Además, se requiere que el Tribunal imponga la restitución de los bienes apropiados en todos los casos. El P. de la C. 180 fue aprobado con el aval de organizaciones como la Oficina de Servicios Legislativos, Colegio de Abogados de Puerto Rico y la propia Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. Actualmente, en Puerto Rico hay más de 944,000 personas de 60 años de edad o más, lo que representa casi el 29% de la población. El cambio demográfico exige una respuesta legislativa firme y sensible. “Cada vez son más las personas mayores que enfrentan engaños, fraudes o robos por parte de personas que se aprovechan de su confianza… La medida busca justicia para ellos y envía un mensaje muy claro: no vamos a tolerar el abuso contra quienes nos dieron tanto” concluyó Edgar Robles Rivera. Mientras tanto, la representante por Acumulación Swanny Enit Vargas Laureano, del Partido Popular Democrático (PPD) y también coautora de la medida, puntualizó que “la población puertorriqueña es una población envejecida. Las estadísticas de incidencia de explotación financiera, de personas de edad avanzada, muestran un horroroso patrón de crecimiento”. “Esta incidencia creciente de casos de explotación financiera de personas envejecientes demuestra que la legislación, en su estado actual, no es efectiva… El proyecto que atendimos debe ser un mejor disuasivo de estas conductas al aumentar las penas de forma proporcional al monto del daño causado a la víctima”, sostuvo.
