La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Bayamón. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela de una muestra de los comprobantes examinados, que todos carecían de las firmas de aprobación del director de finanzas y del pagador oficial. En particular, el 88% de las órdenes de compra para servicios de mantenimiento de áreas verdes, no tenían la firma del director de finanzas y el 17% de los comprobantes de desembolso para el pago de contribuciones retenidas, no tenían la firma del pagador oficial ni del director de finanzas.
Además, no se marcaron como pagados el 80% de los comprobantes de desembolso y, en el 30%, no incluyeron la fecha que se prestaron los servicios. Desde el 2018 al 2022, el Municipio emitió 252,688 comprobantes de desembolsos por $717.4 millones en total.
Estas deficiencias hacen inoperante el control interno establecido. Además, propicia que se cometan errores o irregularidades y dificultaron verificar en detalle, si los desembolsos se realizaron correctamente.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que, al 13 de diciembre de 2022, el entonces vicealcalde y dos asistentes ejecutivos principales, no habían enviado al secretario de Justicia, los documentos sobre 58 demandas radicadas en los tribunales contra el Municipio desde el 2018 al 2022. La Ley de Registro de Demandas Civiles de 2003, requiere, entre otras, que se notifique al secretario de Justicia, toda reclamación de carácter civil por o en contra del Municipio, que se relacione con las funciones de su cargo y cuya cuantía excedan los $5,000. Al respecto, se recomienda a la secretaria de Justicia, que evalué la situación comentada y que consideré preparar el reglamento requerido por ley para la creación del Registro de Demandas Civiles.
Por otro lado, los auditores detectaron que en la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluaron los informes de auditoría de la OCPR: M-20-05 de 2019, M-21-12 de 2020, ni el M-22-13 de 2021. Tampoco, evaluaron los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados de los años fiscales del 2018 al 2020. Esta situación impide la fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.
En contravención del Reglamento Municipal de 2016, la oficial de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble desde el 2018 al 2021. Además, seis hurtos de propiedad con valor en los libros de $37,910 se notificaron con tardanzas de hasta dos años y medio a la OCPR. La ley vigente dispone que la entidad tiene 10 días laborales para notificar la pérdida de propiedad.
El Informe comenta que al 30 de junio de 2022, 18 demandas civiles por $2.7 millones estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, dos casos presentados por empleados estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa de Servicio Público y ante el Equal Employment Opportunity Commission.
El presupuesto de Bayamón, de $116.6 millones en el 2019, $118 millones en el 2020, y $121.7 millones en el 2021, ascendió a $127.4 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados del 2019 al 2022, de $27 millones, $41.2 millones, $33.7 millones y $40.5 millones respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
