En un esfuerzo por promover la equidad y garantizar oportunidades laborales para las personas con diversidad funcional, el Senado bajo el liderato del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, presentó la Resolución Conjunta del Senado 35.
Impulsada por Rivera Schatz, el portavoz del Partido Popular Democrático, senador Luis Javier Hernández Ortiz, y su portavoz alterna, Marially González Huertas, esta medida busca garantizar mayores oportunidades para las personas con diversidad funcional. La resolución ordena a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a destinar un mínimo del 10% de los fondos federales recibidos bajo el Título I de la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) para servicios y programas dirigidos exclusivamente a esta población.
“La justicia social exige que todas las personas tengan acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y empleo. Conociendo la realidad de la población con diversidad funcional y la baja cantidad de oportunidades y servicios a su disposición, decidí respaldar esta iniciativa que garantiza fondos, para brindarles experiencias laborales. No se trata de un privilegio, sino de hacerles justicia y reconocer los diversos valores de todos los miembros de una sociedad. Estoy seguro que todos van a enriquecer los ámbitos en los que se desempeñen. A mis compañeros legisladores les exhorto a sumarse a esta gran causa”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La RCS 35 responde a la necesidad de ampliar los servicios que el Programa de Desarrollo Laboral ofrece a este sector, que históricamente ha sido atendido de manera limitada. Según datos del DDEC, entre los años fiscales 2020-2021 y 2023-2024, se brindaron servicios a solo 1,304 adultos y 1,516 jóvenes con diversidad funcional, a pesar de que el programa ha manejado más de $408 millones en fondos WIOA durante el periodo de 2021 al 2024.
Con esta propuesta, se busca que al menos $12 millones anuales, basados en la asignación proyectada de $120 millones para 2024-2025, se dediquen exclusivamente a esta población, incrementando significativamente su acceso a oportunidades laborales y de apoyo.
De igual forma, la medida también ordena al DDEC emitir normativas o cartas circulares necesarias para implementar esta asignación en un plazo de 60 días tras su aprobación, y exige un informe detallado sobre los programas e iniciativas dirigidas a personas con diversidad funcional dentro de los 90 días siguientes. La resolución será referida a comisión tras su primera lectura, programada para el 31 de marzo de 2025 durante la sesión legislativa.
“Tengo que agradecer al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la portavoz alterna, Marially González Huertas, quienes presentaron la pieza legislativa junto con este servidor, como muestra de la unidad de propósito que nos une en las causas positivas para Puerto Rico. En el caso del presidente del Senado, desde el primer momento en que le planteamos la idea, mostró interés en ser parte de la iniciativa que hoy presentamos. Hago un llamado a los senadores que así interesen, que se unan a esta medida que es en bienestar de las personas con diversidad funcional”, sentenció Hernández Ortiz.
La resolución ordena al DDEC emitir normativas o cartas circulares necesarias para implementar esta asignación en un plazo de 60 días tras su aprobación, y exige un informe detallado sobre los programas e iniciativas dirigidas a personas con diversidad funcional dentro de los 90 días siguientes. La resolución recibirá su primera lectura el próximo lunes durante los trabajos de la Sesión Ordinaria.
