El país entero mira con asombro cómo el monopolio en los muelles de San Juan ha generado una crisis que amenaza con atrasar y encarecer las entregas y los productos que recibimos del exterior. Este monopolio fue denunciado por esta servidora desde el 2019, y como tantas otras cosas en el gobierno de Ricardo Rosselló, nada hicieron, estaban ocupados en asuntos que ya todos conocemos. Ahora, el gobernador Pedro Pierluisi admite que no quiere, no puede, o no sabe manejar la crisis, y hace un llamado al presidente Joe Biden.
Presumo que todos ustedes imaginan cuál será la respuesta de Washington, si alguna. Pero vayamos a los hechos: para el 2019, denuncié que la Comisión Marítima Federal aprobó la fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, para la creación de la entidad Puerto Rico Terminals, lo que a todas luces representaba (y en efecto se confirma ahora) un monopolio que opera en el muelle de San Juan. Un principio básico de la economía, es que los monopolios son malos para el consumidor y como consistente opositora a la Ley de Cabotaje, siempre he denunciado que la misma tiene el fin de encarecer los costos de los productos que llegan a Puerto Rico.
Si en los muelles tuviéramos libre competencia, la solución estaría en negociar con las opciones, pero tanto el gobierno de Ricardo Rosselló, como el de Wanda Vázquez y ahora el de Pedro Pierluisi, guardan silencio ante esta realidad: Puerto Rico Terminals (Ayala Colón + Tote Maritime), representan junto a Crowley la toma del 80% del muelle de San Juan, y el claro aumento en los precios de los servicios. En virtud del monopolio, ellos tienen el poder de quién entra y quién no a los muelles. Y si usted, amable lector, reconoce los nombres de estas empresas, es que en efecto, son las mismas que ya fueron convictas a nivel federal por ponerse de acuerdo para aumentar los precios, lo que se conoce en su industria como ‘price fixing’, afectando a los consumidores con el aumento de precios. Si se atrevieron a cometer esa ilegalidad en el pasado, imagínense de qué son capaces ahora.
Como senadora, en abril del 2018, escribí a Rachel Dickon, secretaria de la Comisión Marítima Federal, para explicarle el caso en detalle, exponiendo porqué un monopolio en los muelles iba a ser perjudicial para la economía de Puerto Rico. Los resultados los tenemos hoy. Recordemos que en aquel entonces, el propio subdirector de la Autoridad de los Puertos, Julián Bayne Hernández, admitió en vista pública en la Legislatura que sí tenían conocimiento de esta grave amenaza a la economía de Puerto Rico, pero no fueron a la Comisión Marítima Federal a impugnarlo. Tampoco La Fortaleza ni el Departamento de Justicia, siendo la ya exgobernadora Vázquez la cabeza de ese departamento, quienes incumplieron. Las tres administraciones: Rosselló, Vázquez y Pierluisi, determinaron darle la espalda a los consumidores y proteger el monopolio en los muelles. Aquellas lluvias trajeron estos lodos. Hoy emplazo al gobernador Pierluisi que libere al país de ese acuerdo abusivo. Que nadie se llame a engaño, esta crisis en los muelles se veía venir.
