Sordos siempre a los gritos de la realidad nacional puertorriqueña, la elección de hoy es similar a otros esfuerzos impulsados por la partidocracia penepeísta. Hoy, cientos de electores harán fila para seleccionar a 6 delegados fantasmas; 2 para el Senado de Estados Unidos (EE.UU) y 4 a la Cámara de Representantes, pero hoy haré hincapié a la partidocracia estadista y sus fracasos sobre la estadidad.
Durante el termino de el gobernador Ricardo Rosello, quien fue forzado a renunciar, se legalizó la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico (Ley 7-2017)” conocida como el Plan Tenesí. Esta creó el nombramiento de 2 dos senadores y 5 representantes fantasmas quienes irían al Congreso estadounidense a “educar, abogar y promover la admisión de Puerto Rico” para el Estado 51. A pesar de que 6 personas fueron cabilderos nombrados por ahora el exgobernador, este proceso no logró la estadidad y la partidocracia penepeísta tuvo que reorganizarse.
Luego del Plan Tenesí, el representante de la Florida Darren Soto y la comisionada residente Jennifer González Colón introdujeron el proyecto de ley titulado “Puerto Rico Statehood Admission Act del 2019 (H.R. 1965) conocida como “La estadidad en 90 días”. Esta propuesta se basó en el plebiscito del 2017, donde supuestamente la estadidad obtuvo el 97.2 por ciento de aprobación. Digo supuestamente porque antes que ocurriese dicho referéndum, el Departamento de Justicia Federal desaprobó el proceso electoral impulsado por la partidocracia penepeísta porque la misma presentaba ambigüedades electorales. Esta propuesta fue más una propaganda partidocrática penepeísta que una viabilidad legislativa para Puerto Rico, muriendo así en el intento.
En el 2019, luego del Plan Tenesi, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced aprobó la “Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico” (Ley 51-2020) conocida como el plebiscito “Estadidad Si o No”. Bajo esta, en el 2020 la población opinó. El “Sí” obtuvo un 52.5 por ciento y el “No” un 47.66 por ciento de cuantificación. Supuestamente, digo supuestamente, porque similar al 2017, el Departamento de Justicia Federal le comunicó a Puerto Rico que no aprobaba los materiales presentados y si el “Sí” ganaba, no sería un método de admisión automática o inmediata.
Peor todavía: los gritos sobre la estadidad son más lejanos aún. En el 2018 y 2017, la Comisionada Residente introdujo el Puerto Rico Admission Act of 2018 (H.R. 6246) y el Puerto Rico Admission Act (H.R. 260) en la cámara baja, respectivamente. Luego de una propaganda partidocrática penepeísta, estas también fueron ignoradas por el Congreso estadounidense.
En el 2015, el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia introdujo el Puerto Rico Statehood Admission Process Act (H.R. 727). La misma también murió en el intento.
En el 2014, senador Martin Heinrich introdujo el Puerto Rico Status Resolution Act (S. 2020) y en el 2013 el entonces comisionado residente Pierluisi Urrutia su versión (H.R. 2000).
Estas se basaron en el referéndum del 2012 donde el 53.97 por ciento del electorado eligió que no querían el status territorial y donde a su vez el 61.16 por ciento eligió la estadidad. Supuestamente, porque hubo un boicot electoral hacia este evento y las elecciones presentadas al electorado también fueron ambiguas.
¿Y ahora qué?
A pesar de que los precedentes anteriores has sido inútiles para obligar que EE.UU admita a Puerto Rico como el próximo estado, la “Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico” irá por el mismo camino. Ojo; Puerto Rico ni tiene el derecho de convertirse en el Estado 51 ni EE.UU esta obligado a concederlo. Los precedentes anteriores así lo demuestran, pero la partidocracia penepeísta así lo ignora. No obstante, Puerto Rico teniendo un territorio infinitamente fértil, una población intelectual, tiene la capacidad de romper con la opresión económica impuesta hace más de 500 años y la partidocracia que se “jalta” del banquete puertorriqueño.
