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Lcdo. Luis Ibrahyn Casiano / Trabajador Social Clínico
Los(as)(es) profesionales de la salud mental y la conducta humana, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y consejeros, desempeñan un papel crucial en la comprensión de los factores que influyen en el bienestar de los individuos y las comunidades. Más allá de su función terapéutica, estos profesionales tienen un deber ético y social en el análisis y la evaluación de políticas públicas y propuestas electorales, especialmente aquellas que impactan directamente en áreas como la equidad, el acceso a la salud, la vivienda y la distribución económica. Nuestro conocimiento especializado sobre los factores psicosociales y su influencia en la calidad de vida nos coloca en una posición privilegiada para defender políticas que promuevan un mayor bienestar colectivo.
Las políticas públicas y las propuestas electorales juegan un papel fundamental en la configuración de los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la atención médica, la vivienda adecuada, la seguridad económica y la educación. Los determinantes sociales tienen un impacto directo sobre la salud mental de las personas, ya que la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la atención médica y la inestabilidad habitacional están estrechamente relacionadas con trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Por ejemplo, estudios han demostrado que la falta de acceso a una vivienda segura puede aumentar la prevalencia de problemas de salud mental. En este contexto, los profesionales de la salud mental pueden ofrecer una comprensión más profunda de cómo las políticas públicas relacionadas con la vivienda, el salario mínimo o la atención médica universal podrían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuyendo las tensiones psicosociales que contribuyen al deterioro mental y a las conductas mal adaptativas.
Por otro lado, desde una perspectiva ética, los profesionales de la salud mental deben estar comprometidos con los principios de justicia social y equidad. Estos principios no solo guían sus prácticas, sino que también deben aplicarse al análisis de las políticas públicas. Por consiguiente, nuestra voz debe elevarse en favor a las propuestas electorales que fomentan la equidad buscando garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir una vida digna. En muchos casos, las políticas económicas y sociales que se debaten en el ámbito público pueden tener implicaciones significativas en términos de quién tiene acceso a los servicios fundamentales. Los profesionales de la salud mental podemos y debemos abogar por políticas que promuevan la redistribución justa de los recursos y eliminen las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad; como exponer cuales ideas trastocan los principios de debemos defender.
Además, las decisiones políticas y económicas, como la distribución de recursos públicos o el diseño de los sistemas de bienestar social, afectan directamente el bienestar mental de las personas. Políticas que aumentan la desigualdad económica, reducen el acceso a los servicios sociales o limitan las oportunidades laborales de calidad tienden a exacerbar las tensiones sociales y psicológicas en la población. Por ejemplo, un sistema de atención de salud mental que dependa en gran medida del acceso privado o del seguro médico puede dejar a grandes sectores de la población sin atención adecuada. Los profesionales de la salud mental estamos en una posición única para abogar por un sistema de atención médica equitativo, que incluya la salud mental como un componente esencial del bienestar general y que esté accesible para todos, independientemente de su capacidad económica.
Finalmente, como profesionales de la salud mental tenemos la responsabilidad social de involucrarse en el debate público y en la formulación de políticas. Nuestro conocimiento sobre el comportamiento humano y la salud mental nos facultan para interpretar de manera crítica las propuestas electorales desde una perspectiva que priorice el bienestar psicológico y emocional de la población. Al involucrarnos en estos debates, podemos contribuir a una comprensión más integral de cómo las políticas públicas afectan a los individuos y las comunidades, y abogar por medidas que reduzcan las disparidades. Además, podemos servir como puentes entre los responsables políticos y las poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, abonando a que las políticas sean eficaces y justas. En un mundo donde las decisiones políticas tienen efectos profundos en la salud mental y el bienestar de las personas, de las familias y la sociedad; nuestra voz es esencial para construir una sociedad más democrática y saludable. ¡Tomemos posturas políticas sin miedo! Acompañemos a nuestros participantes y pacientes más allá de la sala de sesión…