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Estudio sobre las demandas radicadas por funcionarios y empleados de las corporaciones públicas por concepto de despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos políticos-partidistas, de acoso laboral y de hostigamiento sexual.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico publica un estudio sobre los efectos adversos de los despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal, sobre las finanzas de las corporaciones públicas. En particular, se analizaron aquellos demandas, querellas, sentencias y pagos motivados por acoso laboral y hostigamiento sexual contra empleados o funcionarios, y por discrimen político-partidista. Para la evaluación, se solicitó la documentación a 68 corporaciones públicas y respondieron 65.
El Estudio revela que del 2018 al 2024, se resolvieron 12 demandas, presentadas por 79 funcionarios y empleados que alegaron despidos por motivos político- partidista, acoso laboral y hostigamiento sexual en nueve corporaciones. Los empleados reclamaban $143,703,999.
El Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, resolvió siete de las 12 demandas a favor de los empleados por $415,000. Cuatro demandas se resolvieron a favor de las corporaciones públicas, y una se cerró y archivó hasta que culminara una querella administrativa con el caso.
El desembolso y obligación de $415,000, sin recibir ningún servicio a cambio, resulta oneroso y adverso para las corporaciones públicas. Además, la atención de las querellas y demandas conlleva gastos que impactan la administración de los recursos públicos.
Al 31 de enero de 2024, 14 demandas civiles contra siete corporaciones públicas por $34,184,164, estaban pendiente de resolución por los tribunales. Estas demandas fueron presentadas por 35 empleados y funcionarios, con el alegato de acoso laboral y discrimen político-partidista.
Por otro lado, 43 corporaciones públicas certificaron que no tuvieron demandas, querellas u otras acciones de personal incoadas para el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023.
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, no entregaron la documentación solicitada por la Oficina del Contralor para realizar este Estudio. La Autoridad de Puerto por su parte, completó parte de la información solicitada pero no incluyó copia de las demandas, sentencias, resoluciones o acuerdos, comprobantes de pago y otros documentos relacionados. A tales efectos, la Contraloría no pudo obtener información completa y confiable para este Informe.
El Informe Especial le recomienda al secretario de Justicia que oriente a los funcionarios principales de las corporaciones públicas, sobre los efectos adversos que tienen las acciones que se toman contra empleados por motivos político-partidista, hostigamiento sexual y acoso laboral. Además, el secretario debe orientarles sobre la responsabilidad que tienen como funcionarios.
Este Informe Especial, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
OC-25-12 OC-25-12 (Prensa)