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SAL aboga por educación y acción intersectorial contra la violencia de género

La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) se une a la preocupación de la ciudadanía y grupos de derechos ante las pérdidas de vidas de mujeres y la violencia de género que afecta al país. Urge educar para erradicar la raíz de esta violencia como lo son el machismo y el patriarcado institucionalizado, que promueven la inequidad de género entre mujeres y hombres teniendo como resultado un desbalance de poder entre estos, y siendo las mujeres las que han estado en una posición de gran vulnerabilidad. Urge establecer la perspectiva de género de manera inmediata e interconectada entre las agencias gubernamentales estatales y municipales, el sector privado, en conjunto con entidades comunitarias para brindar apoyo no solo en momentos puntales a las personas víctimas de violencia de género, si no más aún, atender las desigualdades sociales y económicas. Es importante que se desarrollen programas de prevención desde la niñez, así como que se brinden los recursos necesarios a las entidades comunitarias a estos fines.

De igual modo, la SAL rechaza contundentemente el llamado a atacar los derechos constitucionales y civiles de todas las personas que tanto trabajo ha costado defender para controlar las medidas represivas del Estado como solución al problema de la criminalidad. El reciclaje de reclamos de estas medidas fracasadas tales como, la restricción de derechos, por ejemplo, a la fianza, a la presunción de inocencia y el establecimiento de castigos desproporcionados a los delitos constituye una solución simplista a un problema complejo que hay que entenderlo y atenderlo con inmediatez para aspirar a resultados que no redunden en más pérdidas de vidas de las mujeres.

La SAL, con casi siete décadas de servicios a la comunidad, reitera su compromiso con el bienestar del País a través de todos sus programas, incluyendo el de salud mental y el de reinserción comunitaria. Los servicios de orientación, asesoría y representación legal a las personas acusadas son gratuitos para la población indigente.

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