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La Cámara de Representantes aprobó en su sesión ordinaria un proyecto de ley que busca ampliar la política pública dispuesta en la Ley 121-2019, con el propósito de combatir el maltrato a los adultos mayores.
El Proyecto de la Cámara 1845, presentado a petición de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés), busca añadir mayores responsabilidades a las agencias concernientes para garantizar el envejecimiento saludable.
«Nuestro propósito es seguir protegiendo a nuestros adultos mayores, asegurando que todas las agencias gubernamentales atiendan a esta población de manera efectiva y preventiva. Buscamos evitar vulnerabilidades debido a la preocupación por el acceso a servicios, elevando así la calidad de vida, tanto de esta población como de sus familiares», afirmó la legisladora Lisie Burgos Muñiz.
La ley 121-2019, mejor conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” estableció un “Comité para la Implementación y la Revisión”, al que se le han integrado representantes de las diversas agencias gubernamentales para lograr que dicha ley cumpla sus objetivos.
La pieza legislativa destaca que, como resultado de este Comité, «se busca ampliar e identificar las acciones que deberán ejecutar las agencias existentes en la ley, junto con otras que se añaden, para lograr los objetivos de política pública de envejecimiento activo».
Cabe resaltar que, la Cámara de Representantes ha priorizado el cuidado de la población de adultos mayores y se han realizado alianzas con organizaciones como AARP y otras sin fines de lucro para garantizar los derechos de esta población.
Además, se ha impulsado el avance de diversas medidas legislativas con el propósito de fomentar la seguridad financiera y el emprendimiento entre las personas mayores, así como para respaldar a los cuidadores familiares. Asimismo, se ha trabajado con sensibilidad para asegurar cuidados, servicios de salud, integración a la sociedad y respeto a los adultos mayores.
También, se ha legislado para respaldar la figura del cuidador y asegurar el apoyo a las personas mayores que no cuentan con un familiar cercano o tutor.
Diversas organizaciones y entidades gubernamentales, entre ellas AARP, han llevado a cabo actividades para reconocer la aportación de los adultos mayores como “fuerza de futuro” para Puerto Rico, la cual abrió paso con su actividad económica, social y comunitaria.
Por otro lado, la Cámara avaló una medida que asigna $320 millones de dólares para reestructurar la deuda de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (PRPA).
El presidente cameral, Rafael Hernández Montañez destacó que la Resolución Conjunta de la Cámara 594, proporciona los fondos necesarios para que la PRPA finalice un acuerdo de reestructuración y pago con sus acreedores.
“Esta transacción lo que permite es salvar el dinero de los retirados, saldar la deuda de la PRPA y por último, es un producto residual de esta transacción, que coloca a la corporación en posición para levantar la infraestructura”, explicó Hernández Montañez.