 |
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó, así como a entidades gubernamentales y a organizaciones sin fines de lucro, el informe de los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género. Esta fue creada por la Junta de Gobierno mediante la Resolución Número 14 de 15 de mayo de 2021.
El licenciado Manuel A. Quilichini, presidente del gremio de juristas, señaló que “El compromiso que el Colegio ha mantenido durante sus 182 años de vida de contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la sociedad puertorriqueña motivó la creación de la Comisión para investigar, evaluar, documentar y esclarecer los patrones que expliquen la situación y fundamenten la verdad sobre la violencia de género y el estado actual en que se encuentra. Se trata de un mal social y de salud pública que nos afecta de forma colectiva”.
Los trabajos de la Comisión fueron dirigidos por la licenciada Mercedes Marrero de Bauermeister, exadministradora de los Tribunales y jueza por muchos años del Tribunal Superior de San Juan. Estuvo integrada por juristas y otras especialistas de la conducta y de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión explicó que: “A los fines de cumplir la encomienda que les fuera asignada hubo un proceso de participación amplio y plural, con vista pública, entrevistas con funcionarias y funcionarios de organismos gubernamentales vinculados al tema, entrevistas individuales de profundidad con sobrevivientes, personas agresoras, familiares y personal que ofrece servicio a víctimas desde las organizaciones sin fines de lucro, así como el análisis de expedientes judiciales de personas convictas por violencia doméstica que se acogieron a programas de desvío o reeducación, todo ello con el fin de recabar información pertinente y actualizada que permitiera la posterior realización de su análisis y hacer recomendaciones específicas, viables y ejecutables”.
El licenciado Quilichini aclaró que, aunque la violencia de género tiene diversas modalidades, la investigación se centró en la que se conoce como íntima o de pareja para delimitar el trabajo, sin que ello implique restarle importancia a la violencia sexual, el acecho, el hostigamiento sexual laboral, la violencia institucional y la económica, entre otras. Entre las muchas conclusiones que contiene el Informe, el presidente del CAAPR y la presidenta de la Comisión de la Verdad destacaron las siguientes:
- En la sociedad puertorriqueña el sistema patriarcal promueve el trato discriminatorio hacia las mujeres y personas sexo diversas. La violencia de género es un comportamiento aprendido que nace de los procesos de socialización desde la infancia. Ocurre en todas las estratas sociales.
- La educación en Puerto Rico no atiende de forma programática, curricular y estructurada las desigualdades de género.
- La tramitación en el sistema de justicia de los casos de violencia doméstica o en relación de pareja, toman mucho tiempo. Hay lentitud y falta de uniformidad en los procesos de investigación y de búsqueda de remedios para las sobrevivientes en las agencias gubernamentales.
- Las portaciones de armas, con licencia o de forma ilegal, constituyen un elemento de letalidad para las víctimas. Son frecuentemente utilizadas en los feminicidios y en otros incidentes de violencia de género.
- Hay serias deficiencias en la supervisión de los programas de reeducación o desvío y en la composición y funcionamiento de la Junta Reguladora de los Programas de Desvío, cuyos integrantes reciben el nombramiento del Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado.
Tanto el licenciado Quilichini como la licenciada Marrero de Bauermeister indicaron que los hallazgos y conclusiones de la investigación generaron recomendaciones, varias de las cuales están dirigidas a la esfera gubernamental y a agencias públicas específicas, como la Oficina de Administración de los Tribunales OAT), el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, el de Educación, entre otras. Algunas de las recomendaciones que mencionaron fueron las siguientes:
- Que el Estado implante la educación con perspectiva de género desde edades muy tempranas en el escenario escolar para promover cambios en las normas sociales y culturales patriarcales.
- El Estado debe establecer como una prioridad, programas de vivienda accesibles para las personas sobrevivientes de violencia.
- La OAT debe hacer un estudio en las regiones judiciales sobre la adjudicación de los casos de violencia de género en el cual participen todos los componentes que intervienen, incluyendo el personal de apoyo de la judicatura. También es necesario que establezca una política administrativa uniforme sobre el manejo de los expedientes judiciales de las personas convictas por delitos de violencia doméstica.
- Todas las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre la concesión de licencias de armas y la Legislatura deben revisar las políticas y procedimientos existentes.
- Urge que el gobernador complete los nombramientos de la Junta Reguladora de los Programas de Desvío y que se fiscalicen las entidades que los implantan y cobran por ello.
El licenciado Quilichini comprometió al CAAPR con mantenerse como parte de la lucha para erradicar las desigualdades que propician la violencia contras las mujeres y las personas sexo diversas. “Se trata de un asunto de derechos humanos y nos mantendremos apoyando todos los esfuerzos para romper con la ideología, los estereotipos y el desbalance de poder que promueven la violencia. Confiamos en que el Informe sirva para la continuación de una seria discusión pública del tema que proporcione un seguimiento eficiente al cumplimiento de las recomendaciones. Haremos llegar el Informe a las tres ramas de gobierno, a las agencias, a las organizaciones no gubernamentales que les ofrecen servicios a las sobrevivientes, a las facultades de derecho de las universidades, entre otros sectores. Promoveremos la más amplia divulgación posible del Informe y de las investigaciones que se llevaron a cabo. Le daremos seguimiento a las recomendaciones y desarrollaremos nuestros propios proyectos, en alianza con otras organizaciones, para combatir la violencia de género”, finalizó el presidente.