 |
El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto del Senado 459 que establece en $2,350 mensuales el salario base de los oficiales de corrección, lo que es cónsono con la política pública del gobierno y las acciones del gobernador Pierluisi, quien ya mediante decisión administrativa había aumentando el sueldo de estos funcionarios públicos.
“Hemos trabajado incansablemente para que nuestros servidores públicos, incluyendo los oficiales de custodia, estén mejor remunerados. El pasado mes de julio entró en vigor el aumento que otorgué a estos funcionarios y ahora con esta firma reitero el compromiso que tiene mi administración, no solo con estos trabajadores sino con todos los servidores públicos. El próximo mes de enero los empleados del gobierno se verán beneficiados con la reforma de servicio público que procurará equiparar los sueldos en el gobierno con los del sector privado”, sostuvo el gobernador.
En julio pasado se materializó el primer desembolso de aumento salarial a servidores públicos, entre estos 4,421 oficiales de custodia quienes recibieron un aumento de $500 mensuales con fondos provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA). Esto adicional al 15 por ciento de aumento que fue autorizado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).
En temas de salud el gobernador firmó los Proyectos del Senado 150 y 191. El primero, que fue aprobado por unanimidad, enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para incluir como beneficiarios del Plan de Salud a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos menores de 25 años que no estén casados y se encuentren cursando estudios postsecundarios. Esta iniciativa se une al anuncio que el gobernador dio a conocer en diciembre pasado de que, a partir del 1 de enero de este año, todos los policías retirados que interesen pueden participar gratuitamente del Plan Vital del Gobierno.
En lo que respecta al Proyecto del Senado 191, enmienda la Ley que Prohíbe el Discrimen contra las Personas con Impedimentos, para que no sean consideradas como personas con impedimentos los adictos activos al uso de drogas ilegales, según definido en la Ley de Sustancias Controladas Federal con excepción de los pacientes registrados bajo Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites. De igual modo, quedan excluidos los alcohólicos activos. Esta pieza legislativa fue endosada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
Por último, el gobernador dio paso al Proyecto del Senado 582, favorecido por el Departamento de Justicia, que al enmendar las leyes del Inspector General y el Código Municipal, brinda mayor autonomía a los auditores internos de entidades del Gobierno central y de los municipios, quienes no podrán ser empleados de confianza ni podrán prestar sus servicios por medio de contratación gubernamental.
Estas medidas se suman a las 11 que el gobernador firmó a mediados de esta semana.